Estalló un Lava Jato en Argentina por la corrupción kirchnerista
Un juez metió en la cárcel a once ex funcionarios y empresarios vinculados a la ex presidenta. Los impactos.

El juez federal de Argentina Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli concretaron esta madrugada una impactante serie de allanamientos que terminaron con la detención de 11 ex funcionarios y empresarios, entre ellos Roberto Baratta -ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner-, el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, y el ex gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, todos acusados de coimas con la obra pública.

Como adelantó LPO el martes por la noche, en el sector empresario había una enorme tensión por la noticia de que el magistrado había conseguido pruebas contundentes del circuito del pago de coimas durante el kirchnerismo y que preparaba una serie de operativos que involucraban a directivos de varias de las firmas de mayor renombre e historia en el sector. Se viene "un gran escándalo nacional", adelantaron fuentes al tanto de la causa.

Los temores comenzaron a confirmarse esta madrugada cuando efectivos policiales llevaron a cabo 34 allanamientos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Según la información preliminar, las detenciones hasta ahora serían 11, aunque el juez habría ordenado 15 en total. Además, se ordenaron varias indagatorias, incluidas las de Cristina Kirchner y Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación.

Uno de los detenidos es Roberto Baratta, el ex mano derecha de Julio de Vido. El ex secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación del kirchnerismo había sido detenido en diciembre pasado por la causa Río Turbio y fue liberado en marzo por la Cámara Federal.

Stornelli explicó que "en la investigación, la hipótesis delictiva es la asociación ilícita". "Investigamos hechos y las personas que aparezcan sospechados o involucradas serán investigados. No puedo anticipar las consecuencias", dijo sobre la posibilidad de más arrestos.

La detención de Baratta era un hecho luego de que el martes por la tarde Bonadío ordenó la captura de quien durante años fue su chofer, Oscar Bernardo Centeno. Esta causa se inició precisamente por una presentación espontánea a fines del año pasado de la ex mujer de Centeno, que denunció que su marido acompañaba a Baratta en recorridos para recoger y repartir dinero en efectivo en bolsos en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relato de la ex pareja de Centeno, el chofer recibió algunas veces de manos del propio Baratta billetes que tomaba de los bolsos y gracias a ese dinero mejoraron su nivel de vida y pudieron adquirir propiedades. Según reveló La Nación, Centeno había anotado durante años en cuadernos los días, horarios y lugares donde recogían el dinero, además de los montos y nombres de quienes pagaban las coimas, entre otros detalles.

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Ese dinero, presuntamente, terminaba en la Quinta de Olivos y el departamento de la familia Kirchner en Recoleta, al menos hasta la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Las anotaciones de Centeno se interrumpieron a fines y retomaron en 2013, cuando el destino de los bolsos con plata empezó a ser la Jefatura de Gabinete.Además de Centeno y Baratta fueron detenidos los ex funcionarios Rafael Llorens (ex subsecretario de Legales del ministerio), Walter Fagyas (ex director de Enarsa), Nelson Lazarte (ex secretario de Baratta) y Hugo Martín Larraburu (ex empleado de la Jefatura de Gabinete). No se descartaba la captura de otros ex funcionarios kirchneristas.Del mundo empresario sobresalen las detenciones del dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, y del ex gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero.Ferreyra fue un peso pesado de la obra pública kirchnerista y su empresa creció al calor de los fondos que circulaban desde el Ministerio de Planificación. Hombre de extrema cercanía de Carlos Zannini (ambos son oriundos de Córdoba), actualmente también es dueño de Radio Del Plata que atraviesa una seria crisis por la caída de la pauta oficial y también está a cargo de las obras de las represas en Santa Cruz (las cuales se adjudicó en el último tramo del gobierno kirchnerista), una mega inversión. Sánchez Caballero era un nombre clave de la constructora Iecsa, la firma que fundó Franco Macri y que le vendió a su sobrino Ángelo Calcaterra. El ex gerente general de la compañía era mano derecha del primo del Presidente y aparece en varias causas de corrupción, especialmente las vinculadas a las coimas de Odebrecht. Sánchez Caballero era el nexo con los brasileños.En los allanamientos también habrían sido detenidos Jorge Guillermo Neira, gerente de Electroingenieria, y otros dos empresarios: Armando Losón, presidente de Albanesi constructora, y Carlos Mundin, uno de los dueños de BTU SA. El otro arrestado es Claudio Glazman.Asimismo, también pesan órdenes de detención sobre los ex funcionarios Fabián García Ramón (ex director de Promoción de Energías Renovables), Hernán Gómez (ex asesor del ministerio) y Oscar Thomas (ex director ejecutivo de Yacyretá).La misma suerte corre para los empresarios Francisco Valenti (de Industrias Pescarmona), Juan Goicoechea (de Isolux) y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner (de la empresa Esuco).

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Impactos para Macri

El Lava Jato que desató el juez federal Claudio Bonadio tras ordenar la detención de 11 ex funcionarios kirchneristas y empresarios también salpicó a dos de las obras más grandes que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri.

Bonadio dispuso el arresto de, entre otros, el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner (de la empresa Esuco) y el ex gerente general de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, acusados de coimas con la obra pública.

La detención que incomoda a Macri es la de este último, que es su amigo y manejaba la empresa que perteneció a su primo, Ángelo Calcaterra, que por el momento quedó a salvo de la razzia del juez.

Sin embargo, las detenciones de Ferreyra y Wagner también impactan en las obras actuales, si bien en el Gobierno aclaran que fueron adjudicadas durante el mandato de Cristina Kirchner.

Una es la obra más importante de Macri, el "sistema Riachuelo", también conocida como "colector margen izquierda". Se trata de una tuneladora que realizará la red cloacal para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de personas de 13 municipios del Conurbano y la Ciudad. Cuenta con el financiamiento del Banco Mundial por 1200 millones de dólares, el monto más grande que tiene invertida esa entidad en una obra para Sudamérica.

Esta obra está dividida en tres tramos. En el primero de ellos, la adjudicataria es una UTE compuesta por el consorcio Ghella-Iecsa, que también operan juntos en el soterramiento del tren Sarmiento, salpicado por el Lava Jato por la otrora intervención de la brasileña Odebrecht.

Del tercer tramo del sistema Riachuelo participa la a la UTE integrada por Esuco-JCR-CPC-C&E. Esuco es del recientemente detenido Wagner y CPC es la constructora creada por Cristóbal López, otro de los empresarios kirchneristas que está en la cárcel.

En tanto que Electroingeniería ganó junto a la china Gezhouba la adjudicación de la obra Agua Sur, confirmada en septiembre de 2017. Se trata de una obra de 3 mil millones de pesos con la que el Gobierno espera llevar agua potable a buena parte del sur del Conurbano. En el Ejecutivo explicaron a LPO que el contrato de esta obra fue cerrado durante la gestión del ex titular de Aysa, Carlos Ben, ahora cerca de ir a la cárcel. Y que no se inició nunca puesto que los chinos nunca acercaron los fondos para financiarla.

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