Los estímulos fiscales para grandes empresas comienzan a ubicarse como el principal eje de tensión entre el gobierno entrante y el poder económico. LPO reveló que Luisa María Alcalde Luján, nominada para la Secretaría de Trabajo, ya asegura en reuniones privadas que habrá una poda a las condonaciones fiscales que reciben las empresas. Hoy viernes Alfonso Romo, principal asesor de Andrés Manuel López Obrador, se ubicó en la misma sintonía en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. 

Tras el encuentro a puerta cerrada, la prensa  cuestionó a Romo sobre la posibilidad que la futura administración cumpla con la demanda de empresarios de obtener estímulos fiscales para la creación de empleos. "Hoy no podemos hablar de incentivos porque tenemos que reducir el gasto corriente", fue la respuesta. Lo mismo que señala Alcalde Lujan cuando dice que el Estado deja de percibir de 1000 a 3000 millones de pesos anuales.

Romo dijo que que "ya que tengamos la casa en orden ya podremos hablar. Y si hubiera un plan emergente, lo platicaríamos con el CCE para hacerlo de manera ordenada".

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Explicó que la prioridad al arrancar los trabajos del próximo gobierno en materia de fianzas públicas es el de conocer bien los detalles de dónde estamos, de tal manera que el futuro gabinete presentará el nuevo presupuesto.

Pero advirtió que de entrada hay dos proyectos que no se tocan: el de rescate a los jóvenes y de ayuda a adultos mayores. "De acuerdo con cómo encontremos los recursos y cómo armemos los proyectos con el sector privado y social, veremos qué tanto vamos a realizar para que sea una cosa ordenada y de acuerdo al criterio que él ha manifestado: no más deuda y no más déficit. Pero eso no se hace de un día para otro. Lo que sí es que se requiere un gobierno de mucha austeridad", advirtió.

En ese sentido indicó que ya van muy avanzados en la revisión de contratos, los cuáles explicó no solo implican los de las rondas petroleras, sino de otros otorgados por la CFE y otras licitaciones que competen a otras secretarías.