En un giro sorprendente, Alberto Elías Beltrán tramitó ayer lunes un amparo en el expediente que permitió la liberación de Elba Esther Gordillo. Las normas procesales indican que los amparos son para los gobernados que requieren protegerse o blindarse contra alguna decisión legal de los gobernantes. Llamativo el uso que hizo el procurador.

Es evidente que la PGR es un ente de Gobierno -lo cual, al menos en términos teóricos, la inhabilita a hacer uso de esa herramienta jurídica- pero el procurador explica que el amparo es en nombre de "la sociedad mexicana", representada en este caso por la Procuraduría. Dice que lo mexicanos se vieron afectados por la liberación de la sindicalista. A esto se suman las apelaciones de Beltrán que llevarán el caso a una de las dos salas de la Corte Suprema.

El malestar de Beltrán con la decisión del tribunal que liberó a Gordillo y sus actos siguientes conspiran contra esa tesis que dice que la libertad de la "maestra" es una negociación entre el gobierno que se va y el que llega. En las últimas horas le han preguntado al procurador  si consultó sus movimientos con Los Pinos y respondió por la afirmativa. Un dato a considerar porque también sobrevoló la idea de que la salida de Gordillo había que entenderla desde la tensión entre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, con quien el procurador consulta diversos temas.

La velocidad con la cual los abogados de Gordillo tramitaron un amparo da cuenta de que efectivamente temen que la PGR vuelva a intentar encarcelarla.

Beltrán cree que, en realidad, los jueces que liberaron a Gordillo negociaron ese movimiento directamente con Olga Sánchez Cordero, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo. Un signo del cambio de los tiempos y que explica esa idea de Peña Nieto de que los jueces han llegado a un grado de libertad de acción imparable. 

Ya hay algunos antecedentes. Quizás el más notorio: la última sentencia de Ayotzinapa, plagada de estiletazos contra la PGR,  y emitida por un tribunal de circuito de Tamaulipas, que marcó un punto de inflexión sobre cómo el actual Gobierno se vincula con la Justicia.

El procurador pretende ahora que sea la Corte donde se resuelva si Gordillo queda en libertad. El caso de la maestra se volverá de este modo otra válvula en la negociación entre el máximo tribunal y el Gobierno de Morena.