La tensión entre Jaime Rodríguez  Calderón y el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desempolvado en Nuevo León un debate que suele divididir opiniones en el sector político: ¿es viable para el Estado abandonar el Pacto Fiscal con la Federación?

El Bronco abona  la idea de que el actual mecanismo de distribución de participaciones no es justo ni equitativo al dar más recursos fiscales a entidades del centro y sur del país, esto a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal tiene como criterios el crecimiento económico de las entidades y el esfuerzo recaudatorio.

Esto ha traído consigo una presión de la entidad por replantear las fórmulas tomando en cuenta la base tributaria para mejorar sus niveles de recaudación. Esta semana el gobernador volvió a advertir que podría retirar al Estado del Pacto Fiscal.

En ese sentido, se trata de una facultad que Rodríguez Calderón tiene como gobernador, pues la Ley de Coordinación Fiscal ofrece a la entidades la posibilidad que las legislaturas locales pidan retirarse del acuerdo en donde los estados ceden a la federación derechos recaudatorios.

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Funcionarios del gabinete han señalado a LPO que el gobernador encontraría en ese tema respaldo político a nivel interno, sin embargo, plantean que se trata de una situación muy compleja que implicaría la creación de impuestos estatales similares a los que se generan a manera nacional. El gran desafío de la entidad sería demostrar que tiene capacidad de recaudar similar al SAT.

Alegan que nunca ningún gobernador desde la creación del Pacto en los 80 se retiró del acuerdo pero también es cierto que recién ahora existe un entramado tecnológico que podría permitir a las entidades estatales una mayor capacidad de recaudación. El problema central de llevarlo a la práctica sería que al dejar el Pacto e Estado deja de recibir todos los aportes federales. Es riesgoso el parantesis que se podría generar entre la quita de esos apoyos y la dificultad para una recaudación propia.

 Según analistas, la recaudación por entidad federativa no es el único origen del tributo al estado. Empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado reciben en Nuevo León los impuestos como el IEPS o el IVA de productos que se fabrican y venden en otras entidades.

Todos estos gravámenes son impuestos federales, por lo que a pesar de una salida del Pacto Fiscal, el cause de esos tributos a nivel federal no se elimina y Nuevo León seguiría pagándolos sin recibir participación correspondiente. Esto llevaría, según señalan fuentes, a que el estado imponga tributos propios para percibir algo de recaudación, lo que representaría un doble pago de impuesto que golpearía al ciudadano.

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La solución, plantean los especialistas, es que Nuevo León, al aportar el 7.51 por ciento del PIB nacional y teniendo un esfuerzo tributario que lo coloca en el segundo lugar nacional en la recaudación de ingresos federales, debe presionar al gobierno entrante para recibir un trato más equitativo, al encontrar en una salida del pacto una importante pérdida para el estado y también para el país.

De cada peso que aporta la ciudadanía de Nuevo León, solo 33 centavos regresan en el presupuesto, mientras otras entidades federativas han recibido hasta el 110 por ciento.