Estimaciones oficiales apuntan a que existen -a la fecha- 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en paraísos fiscales, o el equivalente al 25% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Enrique Peña Nieto para repatriar capitales. Este sexenio logró un retorno de alrededor de 300,000 millones de pesos.

Ese es el escenario que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Alfonso Romo, Carlos Urzúa al frente de Hacienda y la futura encargada del SAT tendrán que atender, y en donde la palabra "amnistía" se hace presente también.

El futuro gobierno ha planteado un paquete de "amnistía fiscal". Ahí se contempla un programa para la repatriación de capitales y que por el momento promete el retorno del dinero a una tasa preferencial de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 3% sobre el total del monto repatriado.

El proyecto también adelanta que el monto repatriado deberá invertirse en la adquisición de bienes de activo fijo deducibles para efectos de ISR o para el desarrollo de productos, materiales o procesos de producción para la investigación y desarrollo de tecnología. Pero con mayor detalle se sabrá de este programa cuando entreguen su paquete de política fiscal al Congreso en noviembre.

Pero por lo pronto, empresarios y expertos en el tema fiscal, ya se ocupan en analizar las acciones que tomó el actual gobierno y que podrían ser mejoradas o implementadas por la administración de AMLO.

Para la investigadora Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el próximo gobierno sí podría repatriar más capitales, sin embargo, pone énfasis en que se tiene que garantizar que estos recursos se vuelvan detonantes de inversión, contrario a lo que ocurrió en esta administración, critica la experta. 

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Un tema fundamental, explica a LPO el abogado fiscalista Herbert Bettinger, se debe reflexionar muy bien sobre la tasa que se fije: "Esta debe ser a un mayor plazo y menos restrictiva" Dijo que debe ser más atractiva pero definitiva y que esta debe rondar el 8%.

Y es que asegura que la tasa actual no era definitiva, pues dependía si se cumplía o no con determinadas imposiciones fiscales. "Esto provocó definitivamente un menor interés", consideró el también socio director de la consultoría Bettinger Asesores.

Otro punto que advierte se debe atender, son las áreas de la economía a la que se limita la inversión. "Se debe dejar que se invierta donde se quiera", y expone que este punto fue uno de los grandes factores que desmotivaron a los inversionistas durante el programa que aplicó la administración de Peña Nieto. "Todo mundo burló esta orden y ahora el SAT tiene muchas auditorías abiertas, lo cual es correcto, pero podría evitárselo".

En el proyecto que presentó el actual residente de Los Pinos a inicios de 2017, un plan por seis meses y que fijó como requisito que las inversiones deberán permanecer en territorio nacional por un plazo de al menos dos años, destinados a la adquisición de bienes de activo fijo, terrenos y construcciones en el país y a la ejecución de proyectos de investigación y tecnología, entre otros.

Pero para Rodríguez del Villar, el tema es que no existe garantía de que estos capitales hayan detonado lo suficiente la economía doméstica: "En buena medida porque esta repatriación masiva tuvo el efecto de implementar la demanda de activos financieros más que la instalación de nuevas plantas productivas", dijo la experta de la UNAM.

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Por otro lado, el experto enfatizó que se debe fortalecer la regulación. En su opinión, todo mundo debería de ser libre de tener su dinero en cualquier parte del mundo, pero el SAT, que en el futuro Gobierno se ha dicho quedará a cargo por primera vez de una mujer, deberá tener un registro más estricto de quién tiene ese dinero y dónde, para que se cumpla puntualmente con el pago de impuestos.

Para la investigadora de la UNAM, un tema clave es la política monetaria. Explicó que esta debe no solo estar orientada a combatir la inflación sino a procurar también el crecimiento económico. "No podemos tener un objetivo en la política fiscal si no modificamos de manera congruente la política monetaria", aunque es un tema que tendría que pasar por el Congreso y obligar al banco central a cambiar su mandato, una postura que no pinta para el corto plazo.

Y es que advierte también que una demanda mayor provoca que aumenten los precios de las emisiones de bonos de México, lo que tiró el rendimiento de los bonos de largo plazo y provoca a su vez que disminuya el rendimiento de los activos financieros.

Pero podría haber otra medida, señala, que quedaría en manos de Urzúa, es decir, de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no limitarse solo a estímulos fiscales, "tendría que asegurarse de amarrar el ingreso de capitales con proyectos productivos específicos, más que dejar la libertad de que se puedan invertir en Bolsa".

Cuartoscuro

A decir del experto, aunque estas medidas urgen, el equipo económico de AMLO deberá tomar su tiempo para analizar a detalle la política fiscal. "Se tiene que conocer bien pero tampoco tardarse demasiado. Considero que tener un decreto de repatriación de capitales para junio-julio de 2019 será pertinente".

Bettinger criticó con dureza el programa que implementó esta administración: "Fue una política fiscal llena de fracasos, con impuestos más allá de la capacidad real de pago. Fue una política fiscal de "haber si pega".

Por su parte, la experta de la UNAM reconoció que sí se logró repatriar una cantidad importante de recursos, sin embargo, sostuvo que no todo fue crédito del programa implementado por el actual Gobierno, si no como respuesta a los discursos del presidente estadounidense Donald Trump en contra del país. "Sí vimos un ingreso considerable, pero en realidad lo que vimos fue un doble estímulo", aclara.