La Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León que recientemente fue aprobada por el Congreso de Nuevo León levantó ámpulas en la comunidad empresarial que no tardó en exponer su desacuerdo con esta medida.

Esta ley, mejor conocida como 3de3, obligaría a contratistas de gobierno (así como a socios, accionistas, propietarios y representantes de las empresas) a presentar su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, algo que desagradó a los empresarios neoleoneses y generó fuerte reclamo de las principales cámaras. Incluso, señalaron que la norma desincentivaría el interés de las empresas por convertirse en proveedores del gobierno.

Sin embargo, el objetivo de esta ley es un propósito constitucionalmente legítimo, opinó Luis Gutiérrez, abogado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. "Personalmente, creo que sería válido ejercer estos mecanismos de rendición de cuentas en los mecanismos del gobierno bajo el argumento de que los contratistas reciben recursos públicos, por lo tanto los ciudadanos tenemos un derecho de contrastar y saber con transparencia si estos recursos públicos generan enriquecimiento indebido a ciertas personas".

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana delegación Nuevo León, consideró excesivo el alcance de esta legislación, pues "además de cumplir con los requisitos de una licitación (el contratista de gobierno), deberá detallar sus cuentas bancarias, bienes, propiedades, bienes del cónyuge y de accionistas en el caso de personas morales".

Y agregó que la legislación de Nuevo León, debería homologarse con la federal, donde dichas medidas fueron descartadas.

Por su parte, Gutiérrez señaló que incluir en la 3de3 a contratistas de gobierno es un aspecto que vuelve ?novedosa' la Ley de Responsabilidades Administrativas local, debido a que es la primera que lo aplica desde que se impuso hace dos años que todas las entidades desarrollasen su marco regulatorio en este tema.

Destacó que la forma en cómo se aplique esta ley será fundamental para su buen desarrollo y que estas declaraciones se mantengan bajo una estricta confidencialidad y accedan a ellas sólo órganos competentes.

Por otro lado, el empresariado esperaba que la 3de3 del estado fuera vetada por el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, a principios de junio; sin embargo, esto no ocurrió, lo que generó fricciones entre el gobierno y las cámaras empresariales.

En respuesta, integrantes de Consejo Cívico, Canaco Monterrey, Caintra y Coparmex Nuevo León, formaron una coalición y se reunieron el pasado 12 de junio con la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sofía Velasco, para solicitar una Acción de Inconstitucionalidad al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León.

Lo aprobado por el Congreso local en el artículo 32 de esta Ley, explica un comunicado de dicha Coalición, vulnera el derecho a la privacidad de las personas y equipara obligaciones que sólo corresponden a servidores públicos y calificaron a la medida como "desproporcionada no contemplada en la Constitución Federal".

No obstante, Gutiérrez concluyó que la 3de3 para contratistas pone en el escrutinio público a empresarios, una comunidad que no se encuentra acostumbrada a este tipo de vigilancia.