La solicitud de arbitraje que interpuso la CFE por los gasoductos que tienen Grupo Carso y IEnova en conjunto con TrasnCanada, volvió a ser motivo de conflicto para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que contradijo los dichos de Andrés Manuel López Obrador, afirmando que sí tenía afectación en la ratificación del T-MEC, generando más incertidumbre.

Hoy jueves, por la mañana, el presidente defendió la estrategia de Manuel Bartlett. Insistió en que los contratos que se les dieron a estas empresas en la administración pasada fueron "abusivos" y por tanto, esta medida era para poder llegar a un acuerdo. Ante el reclamo surgido desde la embajada candiense, López Obrador negó que se pusiera en riesgo el acuerdo comercial.

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Pero el CCE, que preside Carlos Salazar Lomelín no está de acuerdo. "Las decisiones sobre arbitraje crean incertidumbre para inversiones, generan afectaciones económicas e impactan al T-MEC", lanzó en un comunicado. Se vuelve así el segundo episodio de dura crítica del líder empresarial, que hasta antes de oficializarse la cancelación de los farmouts para Pemex, mantenía un discurso amistoso.

En un comunicado, el representante empresarial recuerda que el gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, que lleva IEnova y TransCanadá daría la posibilidad de llevar el energético al sureste mexicano, que tanto requiere esta infraestructura para la generación de energía eléctrica. Apenas días antes de solicitar el arbitraje se había finalizado su construcción.

"Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes. Esto generaría profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos que se requieren para garantizar el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar del país y de los mexicanos", agregó.

También dijo que estas acciones van en contra del compromiso entre el CCE y López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.