En los próximas semanas se hará pública información crítica contra la adquisición del quebrado Banco Popular por el Santander. El órgano europeo que reguló la operación se ha visto obligado a desclasificar parte de un dossier que contiene detalles de la operación, hasta el momento ocultos.

El regulador es la Junta Única de Resolución (JUR), autoridad de la Unión Bancaria Europea creada en 2015 para gestionar los procesos de resolución, o desaparición, de bancos en crisis; como fue el caso de Banco Popular que tras una caída en picado del valor de su acción y una fuga masiva de depósitos pasó a manos de Ana Botín por la simbólica cantidad de 1 euro.

Es una historia con un fuerte capitulo mexicano porque entre los accionistas que salieron mal parados del Banco Popular aparece Antonio Del Valle, uno de los hombres más ricos del país que inició un litigio en el CIADI.

El negocio del Santander en México envía señales que se contraponen. Por un lado la titular de la entidad se ha reunido con Andrés Manuel López Obrador y ha enviado mensajes de optimismo hacia el futuro pero también es cierto que el banco por ahora no logra hacer despegar su volumen de negocio en el país, está en proceso de desenlistarse de la Bolsa Mexicana y es muy conocido en el sector que fue el gran perdedor de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Ahora la JUR está obligada a revelar información que mantenía oculta sobre los informes de valoración elaborados por la consultora Deloitte y el plan de resolución del banco del año 2016. Quien ha dado la orden es el propio panel de recursos de la JUR, que recibió una alegación del despacho B. Cremades y Asociados, representante de parte de los afectados.

Según contó Bernardo Cremades a LPO los nuevos datos sin duda "perjudicarán a la postura jurídica de la JUR", parte responsable de la caída en desgracia del Popular según los antiguos accionistas. Por ende también pueden perjudicar al Santander, otro de los objetivos judiciales del despacho, que mantiene tres vías abiertas. Una en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la JUR y la Comisión, y otras dos en la justicia española contra la administración (vía contencioso administrativa) y el Banco Santander, por la vía civil.

Este último detalle es importante porque explica el motivo de que los afectados no se hayan lanzado contra Del Valle,  que controlaba un 6% del accionariado también señalado en la debacle a pesar de haber sufrido pérdidas millonarias, o contra otros exconsejeros del Popular. "No necesito meterme en esa guerra. Ir a por los consejeros es más complicado y más lento", señala Cremades, que justifica su estrategia: "Santander es quien se quedó con la entidad, es solvente y tiene provisionados los fondos para hacer frente las posibles indemnizaciones". Para argumentar su postura pone el ejemplo de Bankia, otro banco español que recibió un aluvión de demandas. "Los que fueron por lo civil ya han recuperado su dinero, al contrario de los que optaron por la vía penal" que todavía están inmersos en el proceso.

Habrá que esperar varios meses hasta que se liberen los nuevos documentos porque desde la JUR "lo intentarán demorar al máximo", según el letrado, con experiencia en anteriores solicitudes de información en este mismo caso, que por otro lado, descarta que las revelaciones vayan a complicar a Del Valle, que mantiene su particular batalla contra el gobierno español, a quien acusa de orquestar la operación para que resultara imposible pujar por el Popular a cualquier actor distinto al Santander.

En este sentido se acaba de conocer que en España se ha organizado un frente común para defenderse de las denuncias presentadas por Del Valle en varios tribunales de arbitraje internacional, donde relama 470 millones a este país. Las entidades implicadas son: los ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria.

La "compra" del Santander puso a salvo los depósitos de los clientes del Popular, pero los miles de accionistas perdieron todo su dinero y comenzaron una ofensiva judicial para esclarecer una operación sobre la que, dos años después, aún pesan muchas sombras.