El fin de semana pasado y por primera vez durante su Gobierno, Miguel Ángel Mancera se pronunció respecto el conflicto con Uber. En respuesta a la consulta de un periodista en medio de un encuentro informal de baloncesto, sostuvo que la reglamentación de la ley de Movilidad resolvería el problema y que el caso de la aplicación móvil sería evaluado junto con otros temas, porque no tenía prioridad. Y aunque agregó que “los prestadores de un servicio público deben de estar dentro de la ley”, aun no tomó ninguna decisión concreta para frenar el conflicto en la vía pública.
En los dos años que hace que se instaló el sistema en el DF, las fuerzas en pugna tomaron envión y escalaron hasta posicionarlo en una de las principales problemáticas de agenda de la ciudad. En todo este tiempo, la calle se transformó en el campo de batalla entre los 140 mil taxis oficiales y los 30 mil que no poseen registro oficial y trabajan bajo la órbita de Uber o Cabify.
En medio de este escenario, LPO dialogó con Daniel medina, titular de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, uno de los gremios más activos entre quienes piden la expulsión de Uber del DF.
¿Por qué cree se viene demorando la definición por este tema?
Creo que Mancera tiene un Secretario de Movilidad que no supo ver la dimensión de una problemática como la que ya vemos que se generó en la Ciudad de México con Uber y Cabify. Personalmente, creo que no está a la altura del cargo y debería renunciar, porque dejó crecer un conflicto que ahora es mucho más complejo y difícil de resolver.
¿Qué opina sobre lo que finalmente pronunció el fin de semana pasado?
No estoy de acuerdo con la decisión del jefe de Gobierno de decir que se esperará a la reglamentación de la Ley de Movilidad para tomar una decisión sobre el tema. Creo que está tomando una postura irresponsable, porque él, igual que el secretario de Movilidad Rufino Tovar, es abogado y sabe muy bien que la ley es la normatividad superior en materia de transporte, y que los reglamentos que están por emitirse no pueden regular o crear otros derechos u obligaciones que no estén contenidos en la Ley. Es decir, un reglamento no puede insertar dentro de la ley la aprobación de negocios como los de Uber o Cabify porque están catalogados como ilegales en el capítulo cuarto de la Ley de Movilidad que promulgó el propio jefe de Gobierno el 14 de julio del año pasado. Esa misma Ley que se encargó de lucir en eventos en Alemania y en Francia como una ley de vanguardia. ¿Cómo entonces si es claro en el capítulo de delitos en el artículo 258 y 260 se presentan dudas al respecto? Ahí se habla muy claro y se sostiene que quien presta un servicio de transporte de pasajeros sin la concesión, será considerado como un acto ilegal penado con multas económicas e incluso con prisión. La ley no tiene vacíos: es muy clara y él mismo la promulgó.
Cuando se les adjudica el no tener los papeles reglamentarios para operar como concesionarios de un servicio público, Uber y Cabify sostienen que son un servicio entre particulares. ¿En qué punto esto es cierto?
Como abogado, puedo afirmar sin ninguna duda que lo que ofrecen son servicios públicos. Porque actúan como intermediarios para enlazar una relación entre un conductor y a un usuario y desde el momento en que esa conexión entre las partes se cobra, se transforma en un servicio público. Uber dice que no anda en la calle levantando gente ni cobrando en efectivo, pero no es necesario eso para asegurar que tienen una relación con los pasajeros de tipo de servicios público. En derecho, se entiende que el contrato entre privados es real mientras no se celebre un contrato mercantil. Y en este caso, Uber une a dos personas que no se conocen con un fin monetario. Por lo tanto, se desnaturaliza el trato de servicio privado y se transforma en público.
¿Cuáles cree que son los beneficios más fuertes que ofrece un servicio de taxi oficial versus las aplicaciones móviles?
Principalmente, tenemos el respaldo del seguro contra accidentes. Si alguno de los autos de Uber o Cabify chocara, el pasajero quedaría completamente desprovisto de seguro médico. En cambio, nosotros si se lo aseguramos. En Kansas o en Portland, la falta de este ítem fue el argumento para impedir que funcionen en las ciudades. Además, ellos tampoco cumplen con la cláusula de confidencialidad, dejando en manos de cualquiera datos fundamentales como su nombre, su número de tarjeta de crédito o sus hábitos de ruta. Y todo esto tiene que ver con un marco legal que asegura que estamos capacitados, que tenemos un respaldo y que podemos dar explicaciones en el caso de que alguien las solicite.
¿Cómo proponen superar la ventaja que tiene Uber a nivel tecnológico?
Sabemos muy bien que cuando la gente decide tomarse un taxi es porque está apurado. Y que la tecnología da esa cuota de facilidad e inmediatez que quizás no da el teléfono o salir a buscar un auto a la calle. Y por eso también hace tiempo que desarrollamos nuestra aplicación “Taxi Génesis”, que es exactamente igual a la de Uber o Cabify y también se puede bajar desde las tiendas online. Funciona de la misma manera, dirigiendo un taxi adonde cada uno esté. Nuestro problema no es que no queramos implementar tecnología, tenemos claro que es importante. Pero nuestra gran desventaja es económica, porque estas aplicaciones pagan fortunas para publicitar su producto en medios, en redes sociales, en todos lados. Y nosotros ni siquiera logramos que el propio Gobierno, al que les pagamos un dineral por año, difunda nuestro sistema. Les hemos pedido que suban el link de la Aplicación a la página de la secretaria de Movilidad, de la de Turismo del DF, de la Procuraduría, o cualquier evento que organice el Distrito Federal a nivel nacional o internacional. Pero no lo han hecho jamás.
¿Cómo continúan las acciones legales que iniciaron contra algunos funcionarios y contra las aplicaciones?
Nosotros vamos sobre los que encabezan el servicio. Y estamos trabajando junto a la Policía de Investigación y a la Policía Cibernética para también actuar en lo que es redes sociales, en la búsqueda de los responsables de este servicio. Ya encontramos a uno de los responsables máximos y le enviamos un citatorio para que dé explicaciones y responda al artículo 260, que dice que quien incite u organice un servicio sin concesión debe ser penado. Y si con él están otros funcionarios también lo vamos a hacer.
¿Cuantas posibilidades ve que Mancera reglamente a favor de Uber?
Nosotros no queremos que los regulen, lo que buscamos es que les apliquen la ley. Deben sancionarlos económicamente. Estamos hablando de más de 30 mil carros ilegales circulando en la ciudad, entre Uber, Cabify, Los Panteras y otros que croman sus autos pero no cumplen con ningún reglamento. Somos muchos taxistas legales en la ciudad, podemos cubrir a la necesidad de los ciudadanos si estamos bien inspeccionados y bien ordenados. No queremos seguir con este proceso de descapitalización, porque a nadie le sirve. Todos terminamos luchando por un pasaje porque el mercado está sobreexplotado y anárquico. Meter más no viene a resolver nada, porque si ahora la propia autoridad reconoce que hay malos servicios dentro del taxi, con una sobrepoblación de taxis mucho más. Porque inspeccionar a 140 mil vehículos no es tarea simple. Y metiendo más, muchísimo menos.
¿Cómo actuarán en caso de que la decisión sea a favor de estas aplicaciones móviles?
El sector está muy incorforme e incluso ya llegamos a una instancia en donde consideramos la posibilidad de aplicar métodos poco ortodoxos para reclamar un estado de derecho, como tomar la vía pública. No queremos llegar a eso, porque es una molestia para la sociedad, pero nos están acorralando.Ellos juraron cumplir las leyes cuando asumieron al cargo y no lo están haciendo. ¿Qué crees que me van a dejar mi mujer y mi hija si vuelvo sin dinero a mi casa después de todo un día de trabajo porque hay piratas? Mi familia me va a decir que soy tonto por seguir pagando impuestos, si me siguen tirando goles en contra.
Espero que dejen de lado a los intereses económicos. Lo que hacen Uber y Cabify con ese show en redes sociales, pagando publicidad online y ahora comprando las encuestas de Change.org para decir que supuestamente hay muchas firmas electrónicas de ciudadanos que respaldan a Uber es ridículo y peligroso. Frente a este escenario, le diría al jefe de Gobierno que no se deje manejar como títere porque estas cosas que son artificiales y maquilladas. La ley es muy clara. Que no venga como le está pasando a Maduro en Venezuela con que le habla un pajarito.
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