Abarrotado de periodismo y en medio de un clima tenso, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) brindaron su último informe antes de abandonar la causa Iguala. Siempre con un tono respetuoso y sutil, tiraron varios dardos venenosos contra las autoridades del Gobierno. 

"La presencia de nuestro grupo se debe a la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la invitación de las familias de Ayotzinapa y del Gobierno Mexicano. Agradecemos a algunas personas de las instituciones, que desde allí hicieron posible parte de nuestro trabajo", disparó Angela María Buitrago, abogada colombiana. 

Con diplomacia, los expertos dejaban en claro antes de iniciar la exposición que parte de las autoridades no habían colaborado. Minutos más tarde lo dirían de forma más explícita. Acusaron al Gobierno de ir delatando el pedido de pericias o indagatorias que iban solicitando. 

"La actitud de colaboración se fue diluyendo en enero. Nuestros pedidos empezaron a ser dilatados o directamente rechazados. Al 15 de marzo, el 50% no había sido cumplido, y el restante 50%. No fue hasta una semana atrás, y sin nuestra presencia, que se tomaron 65 declaraciones, que las veníamos pidiendo desde el año pasado", cuestionó la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz a la PGR. 

La actitud de colaboración del Gobierno se fue diluyendo. Nuestros pedidos empezaron a ser dilatados o directamente rechazados. Al 15 de marzo, el 50% no había sido cumplido.

Sobre los resultados de sus averiguaciones, el GIEI mantuvo las conclusiones centrales que ya había presentado en su anterior informe, en septiembre de 2015. Aseguran que los normalistas no fue a boicotear un acto político, ni estaban infiltrados por el crimen organizado. "Todos eran estudiantes aceptados por la escuela, y habían ingresado después de exigir un certificado judicial de no antecedentes", dijo Buitrago. 

Insistieron además en la participación de las fuerzas de seguridad de todos los niveles: "Hubo un control cerrado del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala. Hubo control y presencia de efectivos de seguridad pública, de las policías municipales de Iguala y Huitzuco, Policía Federal y Ejército, que los monitorearon a través del C4". 

En uno de los puntos más calientes de la exposición, volvieron sobre la teoría del quinto autobús. Esta línea de investigación sugiere que los estudiantes tomaron, sin saber, un vehículo que podría haber estado cargado con un cargamento de droga. "Eso explicaría un ataque de esta magnitud", afirmó la abogada colombiana. 

Cuartoscuro

Y lanzó una grave acusación: "Consideramos que el bus que nos ponen de presente no es el bus que salió de la camionera. Existen discrepancias. Esa diferencia sirvió para que no se puedan realizar las pericias necesarias para determinar si había droga. Alguien está mintiendo en la investigación y no son los estudiantes". 

¿A quién acusaron, entonces, de cambiar el quinto autobús que podría explicar las causas de la desaparición de los 43 normalistas? Todo indica que, otra vez, era un mensaje encriptado para las autoridades de la PGR. 

Las respuestas que da el tercer peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula son de una profundidad observable por cualquier ciudadano común. No aporta cálculos, información científica ni análisis.

Otro punto candente, fue el famoso tercer peritaje sobre el basurero de Cocula. La verdad histórica de Murillo Karam afirmó que allí se incineraron los restos de los 43 normalistas, mientras que el GIEI negaba que eso fuera posible, abonando así la teoría de que algunos estudiantes habían sido trasladados a otro lugar. 

Para los expertos independientes, este tercer peritaje no tiene ningún sustento científico. "Se presentó un informe de nueve carillas, que en rigor tiene apenas tres con las explicaciones, que no alcanza los estándares mínimos para ser incorporados a un tribunal de justicia", denunció el chileno Francisco Cox. 

"Las respuestas que dan son de una profundidad observable por cualquier ciudadano común. No aporta cálculos, información científica ni análisis", acusó, y explicó que al pedirles una reunión con estos expertos en fuegos, se les contestó que no podían hablar con nadie sin el permiso de la PGR.