Grupo Televisa dice que una investigación externa solicitada por la misma empresa ha llegado a la conclusión de que eran falsas las alegaciones de fraude formuladas contra ejecutivos en una carta anónima enviada a reguladores. Desde la firma de Emilio Azcárraga se apuntaba contra Carlos Slim.

Las conclusiones de la indagatoria hecha por Watchell, Lipton, Rosen & Katz pavimentan el camino para que Televisa presente estados financieros diferidos después de que su auditor se abstuvo de firmar documentación hasta el resultado de la investigación.

Una segunda firma legal, Kramer, Levin, Naftalis y Frankel, asesoró al comité de auditoría de Televisa y llegó a la misma conclusión.

La compañía reportó resultados del segundo trimestre el martes con ventas de publicidad que se elevaron por primera vez en cuatro trimestres.

La fabricante de telenovelas que se ha apoderado de las audiencias mexicanas desde hace varias generaciones, declaró en mayo pasado que había contratado a una firma de abogados externa para investigar las acusaciones de “malversaciones” hechas en una carta anónima que fue enviada tanto a la empresa como a la Comisión de Valores de Estados Unidos.

En la misiva, los ejecutivos son acusados devender propaganda política y embolsarse millones de dólares del gobierno federal y los estatales. Ese dinero -según la denuncia- habría llegado en efectivo y en valijas al Estadio Azteca para ser registrado allí como ingresos correspondientes al cobro por eventos especiales celebrados en el recinto.

La misiva acusaba al vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso De Angoitia, y al de administración y finanzas, Salvi Foch, como los presuntos orquestadores de la manipulación del dinero.

Televisa había enviado a la SEC de Estados Unidos sus estados financieros el pasado 29 de abril, y días después dijo al regulador que se había producido un “malentendido” sobre si el auditor PricewaterhouseCoopers había terminado su revisión.

Bajo las reglas de la Bolsa de Nueva York, donde la firma cotiza sus ADR, las empresas, después de ser señaladas por supuestos delitos, tienen un periodo inicial de seis meses para presentar informes auditados antes de correr el riesgo de ser retiradas de la lista.

"Nos ponen en alerta", dijo Jorge Unda, que supervisa uno 35 mil millones de dólares en activos como jefe de Inversiones para América Latina de BBVA en la Ciudad de México. "Es el ruido que no debe pasarse por alto".