Por desacuerdos sobre el proceder del Estado en la trama del Cobijagate, renunciaron un grupo de integrantes de la Contraloría Ciudadana, que fue una de las grandes apuestas de Jaime Rodríguez Calderón en su objetivo por mostrar un gobierno transparente.

Luego de que el Estado decidiera no proceder contra Rogelio Benavides  Pintos, figura excluyente del Cobijagate, Rogelio Sada, Malaquías Aguirre, Lourdes López, Paula Villalpando, Sandra Garza y Graciella Fulvi dejaron la Contraloría.

Este proceso fue largamente impulsado por Aguirre, empresario muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y promotor de su figura en Nuevo León junto a Alfonso "Poncho" Romo. De hecho, ambos fueron los oradores iniciales en el acto del tabasqueño en San Pedro Garza García semanas atrás.

Desde que se conoció la decisión de no presentar cargos, Aguirre comenzó a recomendarle al resto de los integrantes de la Contraloría que presenten sus renuncias porque "permanecer nos hace ver como cómplices". Se conoce que Fernando Elizondo intentó mediar para evitar esos alejamientos pero no tuvo éxito porque la replica fue un duro cuestionamiento al subprocurador Ernesto Canales que es cuestionado por la mala performance en las acusaciones contra Rodrigo Medina.

El único que evito renunciar fue Pablo Carrillo, consejero de la UANL, institución muy ligada al gobierno estatal.

Aguirre suele pronunciarse en términos duros contra la corrupción al punto que cuando AMLO visitó Monterrey, en un encuentro reservado cuestionó que el jefe de Morena haya hablado de "perdonar a la mafia del poder".

El empresario instaló entre los consejeros que la voluntad de la contralora Nora Cantú era ir por Benavidés Pintos (aseguró que incluso ya tenía elaborado su dictamen) y acusarlo penalmente pero que desde el Palacio de Cantera desestimaron esa posibilidad.