El sector empresarial cumplió con la advertencia y tras perder la batalla en la Corte, llevó su demanda sobre deducibilidad ante los Diputados, donde hoy arrancó el análisis  del Paquete Presupuestal 2017, y el sector empresarial e industrial expuso sus impresiones tras el análisis de la propuesta federal.

Así, ante la Comisión de Hacienda de San Lázaro, la exigencia predominante era meter presión en temas de reforma fiscal y de mejorar los estímulos para el financiamiento y deducibilidad en las prestaciones laborales, principalmente.

Por ejemplo, Humberto Portilla Luja, Presidente de la Comisión Fiscal de CONCAMIN, insistió en el tema de estímulos fiscales: “aparece cierto número de estímulos a los contribuyentes pero no todos ellos están exentos de que se pueda acumular para el ISR, para que el beneficio sea realmente tangible, estos no deberían de ser gravados en este impuesto”.

Añadió que en lo que se refiere a las tarifas del ISR para personas fijas, estas tarifas no reconocen los efectos de la inflación desde el 2009, “esta parte le está afectando directamente a los trabajadores, no están ganando más pero se les está reteniendo una parte importante y pensamos que debe ser reconocida”.

Por parte de la Coparmex, su presidente de la comisión fiscal, Pedro Higuera, recalcó en temas de deducción, que esta debe ser permitida de manera plena en prestaciones laborales, pues afirma que es una manera de combatir la informalidad y no incrementando el costo del empleo formal.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de Pablo Mendoza García, presidente de la Comisión Fiscal puso la mesa sobre la liberación de los precios de la gasolina, señalando que ésta debe de ser “total” y no por regiones como propone el gobierno federal.

"Lo que no se desea es que en una entidad se dé un precio diferente y todos vayan a comprar allá y en otra entidad no haya un consumo dinámico, por ello creemos que es mejor entrar en un tema de totalidad". En diálogo con LPO, explicó que con ello provocaría se provocaría “un desequilibrio” en los precios.

Además, señaló que no elevar el Impuesto Especial sobre Producción (IEPS) en bebidas azucaradas de 1 a 2 pesos el litro no es viable, explicó que se demostró que esta medida “fue regresiva y no se evitó un problema de salud”.

La voz del sector automotriz se escuchó a través de Eduardo Solís, presidente de la AMIA, quien explicó a LPO la preocupación por el tema fiscal que afecta en cuestión de la renovación del parque vehicular: “se le tiene que dar un incentivo a la gente para que renueve su vehículo por eso nuestra propuesta de elevar la deducibilidad, hacerla al 100% de manera inmediata para todas las personas físicas y morales”.