Abogados, magistrados y funcionarios del Gobierno contactaron a Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción de Jaime Rodríguez, ante la novedad de que no llegaría a fin de año en el cargo: el Congreso aceleró el proceso para nombrar un nuevo fiscal anticorrupción de acuerdo a la ley votada a nivel federal y homologada por los estados.

A aquellos que escuchó preocupados Canales los tranquilizó: les aseguró que más allá de lo que vote el Congreso, él seguirá formando parte del gobierno del Bronco. Explicó que tendrá un rol de asesoría lo cual le implicará monitorear los casos contra Rodrigo Medina y "orientar al nuevo fiscal".

A otros les dijo que en algún punto se alegraba del cambio ya que tendría "más tiempo para viajar". Sin embargo en los últimos meses realizó viajes vacacionales a Europa, incluso algunos en los momentos más sensibles de la llamada Operación Tornado.

Canales llegó al Gobierno por recomendación de Fernando Elizondo. Abogado de grandes corporaciones, se quedó con el cargo sin problemas y prometió ir tras Medina. A un año el frente judicial contra el ex gobernador está en punto muerto, la credibilidad de Canales cuestionada por los magros resultados y su segundo Aldo Fasci, más enfocado en su anhelo de ser candidato del Bronco en Monterrey en 2018.

A ese panorama se suma el escándalo, todavía inconcluso, de la herencia de Paula Cusi. Caneles está señalado en un expediente en la Ciudad de México por supuestamente haber despojado de su herencia a la viuda de Emilio Azcárraga Milmo. Cada vez que le preguntan por ese caso Canales dice que solo sigue abierto por pedido de Los Pinos que no le perdonan su investigación del caso KIA.

El último golpe contra el subprocurador es el Cobijagate. Que el caso no implicara consecuencias de peso para el entorno del gobernador le restó apoyos a Canales en los círculos empresarios así como también se ganó el malestar del Congreso cuando no asistió a dar explicaciones.