Como lo hicieran el pasado 12 de octubre, de nuevo el movimiento de taxistas se reunirá con el director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Pérez Ochoa, en punto de las 10:00 am de mañana. Esto confirma la dimensión nacional del problema.

Para Ignacio Rodríguez, líder del Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de la Ciudad de México, el conflicto del transporte público ha escalado al ámbito federal por la inmovilidad de Héctor Serrano. “El gobierno de la Ciudad nos ha ignorado, por ello ahora nos reunimos con la Secretaría de Gobernación”, declaró el taxista a La Política Online.

Insisten que Uber es un servicio ilegal de transporte público, sin concesión ni restricciones propias de cualquier concesión de vialidad. Mientras la Secretaría de Movilidad capitalina, a cargo de Serrano, avala en público la legalidad del transporte privado (como Uber, Cabify o Easy Taxi), los trabajadores anuncian el nacimiento del Movimiento Nacional Taxista, con el que alistan movilizaciones en todo el país como las convocadas hace unas semanas.

“Rufino H. León se reunió con nosotros cuando fue le titular de Movilidad, pero Héctor Serrano ha respondido a uno y otro de nuestros acercamientos con nuevos operativos para medir las emisiones contaminantes y con una postura radical a favor de Uber, vemos en ello una actitud no negociadora”, insistió Ignacio Rodríguez. 

En cambio, sí perciben una actitud negociadora en el gobierno federal, cuyo objetivo principal es reunirse con el propio Miguel Ángel Osorio Chong. Por eso, el plan de los taxistas es nacionalizar el conflicto para que su interlocutor no sea sólo el Gobierno del DF, con quienes agotaron toda instancia de conversación. 

Entre los puntos que hablarán mañana, se encuentran las propuestas que nacieron de la mesa de discusión que entablaron el año pasado con autoridades capitalinas como mediadores. Las propuestas que tienen en el portafolio giran en torno a desregular lo que los mismos taxistas juzgan de “excesivo” o, en su lugar, normalizar el servicio de transporte privado como una “concesión”. “No existe un piso parejo”, aclara Ignacio rodríguez.

Lo anterior impondría a Uber licencias de conducir especiales, aumento del número de verificaciones por auto al año y que la autoridad competente regule las tarifas del servicio.

De acuerdo al líder taxista, el contacto con Gobernación les permitirá acercarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, con quienes ya tienen platicas, y por cierto, de quienes han sentido simpatías particulares en la bancada de diputados de Morena. “Quizá por simpatías personales”, asegura el vocero del Frente de Taxistas.