La responsable de seguridad e inteligencia de la capital, Patricia Mercado, compareció ayer ante los medios de comunicación para dar una explicación sobre la inacción de su dependencia a la petición de apoyo de la Dirección Jurídica de la Delegación Cuauhtémoc en un operativo de desalojo de comercio ilegal a lo largo de las calles de San Cosme e Insurgentes.

La Secretaria de Gobierno aseguró que siempre apoyan a las delegaciones que lo requieren, siempre y cuando se hagan las solicitudes como corresponde y a tiempo. Comentó, asimismo, que este tipo de operativos no necesitan de la presencia de fuerza pública, “hubiera estado de más, y no nos pidieron fuerza pública, les basta con la que ellos tienen”. Menos aun cuando, en sus palabras, “ya había un acuerdo entre la delegación y los comerciantes”.

“El mismo delegado [Monreal] habló sobre una organización que no estuvo de acuerdo. Nosotros respondimos al oficio de la una de la tarde. No nos habían pedido seguridad. En esos casos muchas delegaciones operan y mueven con su fuerza”, agregó en su defensa.

De acuerdo con la recién nombrada directora general del Jurídico y Gobierno del jefe delegacional Ricardo Monreal, Zuleyma Huidobro, su solicitud de colaboración en el operativo de limpieza fue ignorada debido a que el gobierno de la ciudad está íntimamente comprometido con una parte del problema, aun cuando ella misma envió el oficio desde el pasado viernes.

Según la funcionaria de la delegación, Diana Sánchez Barrios y el diputado que actualmente participa en la Asamblea Constituyente por el PRD, Roberto López, son dirigentes de comerciantes y taxistas que trabajan para el poder central de la capital, al que Mercado vigila y coordina, y con quienes “ellos [el GDF] han hablado”, acotó la funcionaria.

Sin decirlo explícitamente, Zuleyma Huidobro sugirió un acuerdo entre los líderes de los comerciantes y el Gobierno de la Ciudad de México. Lo que esun hecho es que Sánchez Barrios es hija de la diputada priista Alejandra Barrios Richard, y también que todos los comerciantes desalojados por el gobierno central en la localidad son llevados a la explanada delegacional, “como si este fuera su lugar, por qué los traen aquí”, pregunta la directora jurídica.

Encabezados por Martín Cansino, la organización de ambulantes no sólo detuvo el tránsito de de la México-Tacuba por 30 minutos el pasado 18 de octubre, sino que −al ser removidos y reestablecer la circulación de la vialidad− los manifestantes se dirigieron a las oficinas de la delegación, donde amedrentaron a los trabajadores durante su turno de entrada, lanzando consignas en las que aseguraban que “venían por parte del PRD” y que “tomarían las instalaciones de la delegación”, para finalmente intentar entrar.

Esto se frustró a las 2:30 pm, cuando los inconformes decidieron retirarse sin acuerdos con la administración ni ninguna mesa de negociación en el horizonte.

El rol de posible complicidad con el que este episodio dejó a la Secretaria de Gobierno capitalina, que había llegado a su cargo alejada de las tribus perredistas o de escándalos mediáticos, espera un desenlace no muy lejano.