En correspondencia con los gobiernos izquierdistas de Argentina, de Ecuador y de Venezuela, los partidos de oposición de la presente administración presentaron una propuesta que eliminará el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º Constitucional, con el cual el derecho de réplica quedará a merced del “agravio” de cualquiera que así se “sienta” por la información publicada en medios de comunicación.

La propuesta fue promovida por Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con firma de Andrés Manuel López Obrador y Agustín Basave (exdirigente nacional perredista), y ahora se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), la cual deberá emitir un fallo como máximo el próximo 7 de noviembre.

La eliminación del artículo tercero de le Ley Reglamentaria dará la posibilidad al “agraviado” de iniciar proceso judicial contra el autor o los autores de información publicada. Para el caso de periodistas independientes o de la publicación de opiniones, la modificación prevé un castigo a quien vende la información o a quien emite juicios de valor arguyendo datos que no son presentados.

Aun cuando sea caso de información verídica, la propuesta que está estudiando Primera Sala de la SCJN dispone que el derecho de réplica podrá ejercerlo el agraviado por dicha información. Con el objeto de dar una respuesta pronta, en tiempo y en forma, el quejoso responderá a los señalamientos en el mismo medio que difundió lo que originó la queja, aunque el dato sea de todos conocido o la nota contra él sea cierta.

Con esta propuesta, la Ley sobre el Derecho de Réplica pondría en situación de grave riesgo el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión en un país en el que -de acuerdo con la organización de derechos humanos Artículo 19- cada 22 horas un periodista es agredido, por no hablar del número de periodistas asesinados durante el mandato de Enrique Peña Nieto, y peor aún, donde los arrestos injustificados de manifestantes en desacuerdo con las autoridades se han vuelto un mal cotidiano.

La tendencia a sobrerregular a las empresas de medios de comunicación y a acotar el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la libertad de expresión es un hecho que ha venido repitiéndose en gobiernos progresistas como los de Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner, quienes no encontraron otro modo que limitando el derecho expresión de los “mensajeros” para lidiar con escándalos públicos e investigaciones de presuntos actos de corrupción.

Esperamos que la izquierda mexicana no quiera seguir este mismo camino, porque esto ha tenido un importante costo político para quienes ven en la libertad de expresión a un enemigo y no a un aliado.