El sector de la banca ha iniciado una compleja negociación con el Gobierno que prepara, con gran discreción, un paquete de medidas de seguridad que obligatoriamente tendrán que cumplir las instituciones a partir del próximo año.

El motivo está en las encuestas sobre percepción de seguridad pública del INEGI que llegan hasta el despacho de Miguel Ángel Osorio Chong. Por segundo año consecutivo el cajero automático es lugar más inseguro y la pregunta de los usuarios es por qué entonces no hay más seguridad y vigilancia para disminuir el temor de retirar dinero o realizar otro tipo de operación bancaria. 

 En los primeros nueve meses del año se denunciaron a nivel nacional 312 robos a instituciones bancarias de los cuales 230 fueron con violencia.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regula y supervisa todas las actividades de los bancos que operan en México y además establece las medidas básicas de seguridad para sus oficinas, sucursales y cajeros automáticos. Para los cajeros dentro y fuera de la sucursal, la Ley de Instituciones de Crédito establece entre otra medidas que los bancos cuenten con un sistema de grabación de imágenes que se debe conservar por lo menos dos meses, y control de acceso mecánico o electrónico que en muchas ocasiones no funciona o está deshabilitado.

Y puede que los dispensadores de efectivo de las sucursales sean relativamente más seguros, pero el problema es que 60% de todos los cajeros reportados hasta el primer semestre del año están fuera de las sucursales, en lugares de esparcimiento o tiendas de conveniencia. 

“El Gobierno tiene que entender que la vigilancia de los cajeros debe ser una tarea conjunta. Los bancos con mecanismos y sistemas de protección mientras que la policía estatal o municipal debe realizar rondines periódicos porque muchas veces el robo no se realiza dentro de las instalaciones sino más bien en la calle”, explicó un ejecutivo del sector bancario.

Los bancos son responsables de lo que suceda dentro de las sucursales e instalaciones y para su vigilancia contrata a elementos de la Policía Bancaria e Industrial, corporación que no es propiedad de los bancos, y que ofrece servicios a cualquier empresa que los solicite. Uno de los pappers que circula por la Secretaría de Gobernación dice  que en los cajeros más riesgosos debería haber personal de seguridad. Esta opción tiene un alto costo económico que el Gobierno no afrontará y se espera que lo hagan las entidades bancarias. 

Lentamente la seguridad se ha transformado en un nuevo eje de tensión que se suma a los ya existentes entre el sector financiero y el Gobierno como la inquietud por el manejo macroeconómico, la reacción oficial a los acontecimientos del exterior (Elección en EU, Brexit, etc.) y los cambios en el gabinete.