Con un tono monocorde y cierta expresión de circunstancia, el asesor de Jaime Rodríguez Calderón Aldo Fasci comenzó cimentar el terreno para la novedad que desatará una ola de cuestionamientos sobre todo el staff de la Subprocuraduría Anticorrupción que lidera Ernesto Canales. 

En resumidas cuentas explicó que el criterio aplicado en un caso contra la ex alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes -criterio que la favorece-, podría repetirse en enero pero ahora en el amparo promovido por Rodrigo Medina.

Arellanes se vio favorecida cuando una jueza federal entendió que el Código de Procedimientos Penales que se debe aplicar es el Nacional y no el correspondiente a Nuevo León. El Nacional, debe decirse, es mucho más garantista que el estatal. Por eso el Gobierno usa el segundo.

Ocurre que todo el caso contra Medina por la trama KIA está desarrollado en el Código Estatal. Es probable que el juez federal que entiende el expediente se decantará por una salida similar. Fasci, Canales y el propio gobernador lo saben y por eso la necesidad de continuar estirando la definición sobre el ex gobernador que ahora sería a medidos de enero.

A esto se suma también el anhelo de que la Procuración General de la República atraiga el caso como para mantenerlo con vida. Sin embargo el nombre de Medina no figura en la "short list" que habría generado Humberto Castillejos, abogado presidencial, que eligió los blancos que mostrarán que el Gobierno va contra la corrupción. 

Castillejos está en ese cargo porque el actual procurador Raúl Cervantes así lo quiso. El cargo le fue primero ofrecido a él pero luego de declinarlo recomendó a Castillejos. A ese nivel funciona la simbiosis entre lo que sucede en Los Pinos y las acciones de la PGR. En el Palacio de Cantera ya lo saben. Lo explicó Yessica De Lamadrid, que conoce como nadie en el Estado lo que acontece en el círculo rojo presidencial.

Respecto al caso en Nuevo León, el subprocurador Canales conoce el desenlace favorable a Medina desde la audiencia con el magistrado Ángel Mario García. En el texto donde fueron dadas de baja dos de las tres acusaciones contra Medina hay múltiples referencias al Código Nacional por parte del magistrado.

El hecho de que la Subprocuraduría insista con ese cuerpo normativo refuerza la percepción del microclima donde se dice que en realidad ya habría una especie de entendimiento entre Medina y el Bronco.

El desenlace es previsible por los movimientos de los actores de toda la trama: Fasci ahora se promueve como vocero de temas de Seguridad, Canales prepara su salida para dar paso a un nuevo fiscal que designará el Congreso estatal y Humberto Medina, padre del ex gobernador, avanza en su idea de emprender un negocio gastronómico en San Pedro Garza García.