Por mayoría de tres votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar la posibilidad de un arresto domiciliario a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, como lo había propuesto el ministro José Ramón Cossío.

Tras el amparo promovido por la defensa de Gordillo Morales para otorgarle el recurso de prisión domiciliaria, la Primera Sala de la máxima tribuna del país desechó el recurso de amparo que el abogado Marco Antonio del Toro había hecho público y que pudo tener efecto tras conocerse que un Tribunal exoneró por el cargo de defraudación fiscal a la polémica ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La resolución final a la propuesta del ministro José Ramón Cossío tuvo en contra a los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y a la presidenta de Sala, Norma Piña Hernández, y a favor al ministro Jorge Mario Pardo.

Un fiscal de distrito había considerado que la investigación presentó irregularidades durante el proceso y, al ocultar la averiguación previa, la Procuraduría General de la República (PGR) había violado algunos derechos humanos de la procesada, un recurso común de la defensa para que las imputaciones no tengan efecto legal.

“El juez séptimo de Distrito de Procesos Penales dictó en favor de la maestra, y en acatamiento a la sentencia de amparo, auto de libertad, en donde se establece que las pruebas [de la PGR] son ilícitas, que se ocultó la averiguación previa de manera indebida; tres, que se debió, previo a la querella, haber notificado a la contribuyente [Elba Esther] para que dentro de las facultades de fiscalización pudiera hacer las declaraciones pertinentes, por tanto la querella es invalidada”, declaró Marco Antonio del Toro Coranzo.

Ahora, tras este rechazo del alto tribunal, el caso será turnado a un Tribunal Colegiado para decidir el futuro de Gordillo Morales, si continúa en o se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria. Por su parte, el abogado de la maestra afirma que ella sigue “considerándose inocente” de los otros dos delitos que se le imputan, por lo que -de acuerdo con el litigante- su cliente debe ser absuelta y liberada.

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