A nueve meses de que los padres hubieran pedido un encuentro con los diputados y tras un plantón, finalmente los padres, madres y familiares de los 43 desaparecidos el pasado 26 de septiembre fueron recibidos en el recinto de San Lázaro.

No fue cumplida la petición de ser recibidos en el pleno, lo que fue una gran crítica por parte de los familiares, que fueron recibidos en un salón menor donde el acceso a prensa fue limitada y donde estuvo presente la Comisión de Ayotzinapa y otros 30 diputados -menos de los que se esperaban-.

Puntualmente, se exigió ante los legisladores de San Lázaro que se deje de criminalizar la lucha de los padres y que no se dé por concluida la investigación. Pidieron además que se apoye la supervisión internacional y no se los acuse de ser "golpeadores del gobierno como pasó con el GIEI". 

Pero sobre todo, se hizo gran hincapié en que debe construirse una nueva narrativa en el caso. Ese fue quizá uno de los argumentos más recurrentes entre los padres, madres y familiares así como de su representante legal, Vidulfo Rosales.

Señalaron que las investigaciones del GIEI han dejado muy por detrás la "verdad histórica", así como el tema de la delincuencia organizada, y aún así siguen estando presentes en las líneas de investigación de la Procuraduría.

En este punto, la bancada de Morena planteó un punto de acuerdo, precisamente para que se deje de señalar al basurero como principal hipótesis y se sigan otras líneas de investigación. Pero en diálogo con La Política Online, diputados del PRI y el PRD se mostraron en contra a esta propuesta. "Hay que ser cuidadosos, no se puede desechar una hipótesis con tanta facilidad", repetían. 

Para los familiares es más que primordial que se siga el mecanismo de seguimiento que aprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Insistieron que aún hay muchas preguntas y la resolución "se siente lejana aún". 

Por ejemplo, planetaron que se debe esclarecer quién es el patrón de Huizuco, o la identidad del caminante, personajes claves que aparecieron en los testimonios. 

Asimismo, se puso sobre la mesa que es necesario que se llame a declarar a Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero; Iñaki Blanco, ex procurador de la entidad; Enrique Galindo, que se desempeñaba como comisionado de la Policía Federal y al ex procurador Murillo Karam. 

Además de eso, aseguraron que al momento no se han cumplido ninguno de los nueve puntos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, ni se han dado las tres condiciones para que se pueda volver a entablar una mesa de diálogo con el gobierno federal, como resolución sobre el tema de Tomás Zerón, ni se ha consignado a autoridades federales, ni de Huitzuco. 

Confrontan al PRI

"¿Por qué nos mienten a cada rato si hasta un niño de kinder sabe quién se los llevó?", les encaró una de las madres a los diputados, haciendo referencia a las diferentes versiones que se han planteado en el tema sin llegar a una resolución. 

Minutos más tarde, diputados del PRI y del Partido Verde aseguraron que el gobierno estaba avanzando en la investigación y que había autores intelectuales del caso que ya estaban presos. 

La aseveración que venía principalmente de la diputada del PVEM, Sofía Torres, causó el fuerte enojo de los familiares, que no desaprovecharon la oportunidad para refutarle y cuestionarle dichas declaraciones. Incluso se le tachó de "insensible". 

Muchos fueron los cuestionamientos y críticas de los padres y madres presentes, que inmediatamente señalaron "no es verdad que los autores intelectuales estén presos, esos siguen afuera, como el caso de Ángel Aguirre".

Así, también acusaron que con esas actitudes, los diputados "parece que solo están para proteger a las instituciones, como a los militares y a todos los responsables, incluyendo a Peña Nieto".

Les reprocharon fuertemente que le hubieran quitado importancia a la investigación que llevó a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)  y les señalaron como "una vergüenza" que hubieran tenido que recurrir a gente externa, porque en su país no han obtenido respuestas, ya ha más de dos años de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.