La Marina Armada de México ha sido designada por el Senado de la República, a petición del Ejecutivo federal, como la responsable de vigilar la seguridad de los puertos marítimos del país, mientras que las actividades comerciales en ellos se mantendrán como responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Con 18 votos en favor y uno en contra, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la iniciativa presidencial para que sean transferidas a la Secretaría de Marina las capitanías de puerto que tienen a su cargo otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo, además se encargará de la prevención de la contaminación y de la protección de la integridad física de las personas en el mar,

Por otro lado, la aprobación del dictamen en la Cámara Alta incluye, entre otras labores, el manejo de infracciones y el reconocimiento de los nombramientos de capitanes de puerto.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, el panista Javier Lozano Alarcón, aseguró que “la parte de negocios, comercial, económica de las Apis y demás actividades relacionadas con la marina mercante, el comercio marítimo, etcétera, se mantienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la parte correspondiente a la seguridad, entendida en su doble expresión de seguridad de las personas, de la vida humana en el mar, pero también de seguridad nacional en las costas”.

Y es que la discusión de este dictamen llevó alrededor de ocho meses, principalmente por las controversias y cuestionamientos que implicó su negociación y aprobación. Aun en Javier Lozano y en otros miembros de la SCT, hubo dudas, como él mismo lo relató, sobre las facultades y competencias de la Marina Armada de México en los puertos marítimos del país.

En el mismo sentido, el senador priista Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, indicó que el fin de una reforma de este tipo es la de “facilitar las tareas de seguridad y comercio en los puertos de México”, y con ello dar “certidumbre jurídica” a las actividades en las costas mexicanas.

“Esto es con un solo fin, generar mejores condiciones, donde vemos que todo aquel personal de las capitanías de puerto puede estar tranquilo, no se viene a hacer a un lado a nadie, sino al contrario, se viene a fortalecer una institución que viene trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación”, dijo Barroso Agramont.

Por su parte, Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores perredistas, externó una alerta por posible inconstitucionalidad de la reforma presidencial, pese a que voto a favor de ésta. El artículo 129 de la Constitución Mexicana establece que, si no estamos en tiempos de guerra, “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

“El grupo parlamentario del PRD va a votar a favor de la reforma, pero nos preocupa su constitucionalidad. Nos preocupa su constitucional, el 129 constitucional. Tendrá que haber una reflexión de aquí a que llegue al pleno, pero vamos a votar a favor, porque creemos que es una evolución también”, señaló Barbosa.