La embajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson visitó Monterrey semanas atrás. Dedicó dos horas a madres de victimas de la delincuencia y familiares de desaparecidos y la mitad del tiempo al grupo empresario más fuerte del país. En ese encuentro se permitió fumar en interiores y dijo en dos ocasiones que le sorprendía que la pobreza "no fuera un tema permanente en la agenda mexicana". Una anécdota que sirve para entender el rol que tuvo la diplomática en el deshielo de la relación Cuba-EU. Proceso histórico que ahora queda en suspenso con la administración Trump.

Jacobson llegó a su cargo de jefa de Asuntos Hemisféricos en Washington tras la salida de Arturo Valenzuela. Barack Obama le encargó la idea de retomar el vinculo con Cuba a mediados de 2014.

Experta en historia de América Latina, vasta conocedora de la literatura de estas geografías, elaboró un documento que tuvo su primera prueba de fuego en Canadá en el 2015 ante Ricardo Cabrisas que tal vez sea el hombre de Raúl Castro que más relación tiene con el mundo. El motivo: es el encargado de renegociar la monumental deuda externa que tiene Cuba con otras naciones del mundo.

El desafío más grande para la embajadora no fue retomar la conexión aérea, reabrir sedes diplomáticas o incluso establecer el inicio de que bancos estadounidenses puedan operar en la isla. El gran reto fue sacar a Cuba de la lista de países que avalan el terrorismo y que elabora año tras año el Departamento de Estado en Washington.

Ese mundo no es amigable para los demócratas. La diplomacia, como suele suceder, es dominada por los conservadores y por figuras del Partido Republicano que se reparten las principales representaciones. Esa burocracia es un circuito cerrado, independiente del presidente y Jacobson debió recurrir a republicanos moderados como el actual senador por Arizona Jeff Flake.

El boomerang no tardó en regresar. Cuando Jacobson sometió su designación en México al Senado tuvo una intensa oposición encabezada por el senador Marco Rubio. Solo pudo pasar esa prueba con la condición de prorrogar sanciones económicas sobre Venezuela.