Hace quince días el activista Gilberto Lozano demandó en oficinas gubernamentales el tema que por estas horas domina todas las conversaciones en el Palacio de Cantera: que en Sonora, Chihuahua y Quintana Roo todos los gobernadores entrantes procedieron a denunciar ante la PGR a sus antecesores y que la única excepción era Jaime Rodríguez en Nuevo León.

Esa inacción hoy es publicada por Grupo Reforma y desata todo tipo de intrigas en el entorno del Bronco. El subprocurador Anticorrupción Ernesto Canales comentó entre algunos de sus allegados, tanto de su equipo como abogados cercanos, que él ya en el mes de marzo le recomendaba al gobernador denunciar a Rodrigo Medina ante la PGR, no por el caso KIA sino por delitos fiscales y de enriquecimiento. 

Incluso, Canales abona la teoría de que el caso en su contra que tramita en Ciudad de México por su rol en el juicio de sucesión de la heredera de Televisa -Paula Cusi- se activó cuando el entorno del ex gobernador del PRI conoció su determinación de llevar su denuncia a instancia federal.

Según explican los allegados a Canales, cuando el abogado pidió ir a la PGR -acción que también habría respaldado el jefe de la oficina del gobernador Miguel Treviño- la respuesta del Bronco fue que no habría resultados y que sería delegar todo el poder del caso en la entonces procuradora Arely Gómez. "Ella es de Televisa", habría asegurado el gobernador que se había enfrentado duramente a la televisora en la campaña.

En el mes de agosto Artistóteles Núñez, espada de Luis Videgaray en el SAT, inició un expediente para investigar a Humberto Medina, padre del ex gobernador. El Bronco confiaba en que ese movimiento terminaría involucrando a la PGR. El ex gobernador creía que no era preciso ir tras Humberto si esa tarea podía ser asumida por Videgaray que siempre tuvo una historia de tensión con Rodrigo.

Los rivales de Canales en el gabinete sostienen que ahora el subprocurador se aferra al argumento de su intento contra Medina para justificar el derrumbe de los expedientes iniciados por la Subprocuraduría Anticorrupción.