A fines de septiembre de este año, el presidente de la república Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto de expide la Ley de la Fiscalía General de la República, con la que dio forma y dotó de contenido a la tan esperada figura del Fiscal General en nuestro país, quien además sustituirá a la obsoleta figura del Procurador General de la República (PGR).

Hoy el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley mediante la cual modifica el decreto por el cual se reformó la constitución, para que cuando entre en vigor esta nueva ley que creará a la Fiscalía General, el Senado proceda a la elección del Fiscal General (FG). Con esto, desecha la posibilidad de que el actual procurador Raúl Cervantes se convierta en automático en el nuevo Fiscal General de la República (FGR).

“Hizo mucho escándalo el pase automático de procurador de la PGR a Fiscal General, quien luego de dos lánguidos años se extendería por nueve más. Como Cervantes no era la persona indicada y como se trataba de un mecanismo de impunidad hacia el futuro en su relación con el actual gobierno, un blindaje, entonces, Peña se echó para atrás”, afirmó Pablo Gómez en entrevista exclusiva a LPO.

Para el ex representante del PRD ante el INE, la decisión del presidente se debió a que no podía sostener un funcionario tan importante de su administración, “y principalmente, ligado a él y a su partido, en un puesto que rebasará su sexenio”.

“Era insostenible que hubiera un nombramiento transexenal de un funcionario tan importante como el Fiscal General de la República. Apestaba a blindaje. La transexenalidad de este cargo público bajo un gobierno como el de Peña, sería un escándalo público en cualquier país del mundo. El Procurador lo nombra el presidente y no pasa nada, pero un Fiscal, cuya figura de independencia debe ser impoluta, no llega a este cargo por recomendación de quien puede ser uno de sus investigados”, afirmó Gómez Álvarez.

“La diferencia entre un Fiscal General de la República y Raúl Cervantes, y todos los procuradores que han estado ahí, es que éste último es un empleado del presidente, mientras que un fiscal tiene a su cargo investigar hasta al propio presidente, debe ser como un ombudsman del pueblo, lejos de la órbita del ejecutivo, [debe ser] efectiva y literalmente un Ministerio Público”, agregó.

La diferencia entre un Fiscal General de la República y Raúl Cervantes es que éste último es un empleado del presidente.

Sin embargo, alertó que si ahora el presidente de la república no designará directamente al Fiscal General, en cambio podrá removerlo cuando quiera y por cualquier motivo.

“Hubo una mala negociación de los legisladores, porque el error de este nuevo sistema [la FGR] es que el presidente lo puede quitar, como lo dice la fracción IV de esta ley. Por lo tanto, el Fiscal aún queda unido al presidente. Por ejemplo, lo declara incapaz, inadecuado para el cargo, y así lo puede cesar. Y bajo esta ley, sólo el Senado puede rescatarlo, cuando debería ser el único con la facultad de removerlo”, advirtió.

Sobre el responsable de que el presidente siga siendo el jefe del Fiscal, Pablo Gómez aseguró que "fue el propio PRI quien lo impuso, a cambio de la forma del nombramiento del Fiscal. Los negociadores cedieron para que ellos puedan elegir, sin embargo es el presidente quien lo removerá, esto es un error de diseño provocado por el PRI y aceptado por los otros dos partidos [PAN y PRD]. Estamos frente a ese tipo de negociaciones muy amarradas que generan instituciones mal hechas".

"No es cierto que fue una iniaciativa presidencial, él no retiró su propuesta anterior, pero sí lo metió el PRI, el partido del presidente. Ellos fueron, lo que pasa es que ahora lo niegan y lo van a quitar. Y el Congreso lo va aceptar, porque es insostenible", aseveró.

Era insostenible un nombramiento transexenal de un funcionario tan importante como el Fiscal General de la República. Apestaba a blindaje.

Para muchos analistas, la PGR desaparecerá en 2018 porque se encuentra laborando en una situación de descrédito de la politización e ineficientemente al tope de su capacidad, mientras que la institución de una Fiscalía General podría permitir deshago en el trabajo y una mayor autonomía en las investigaciones judiciales, incluso en investigaciones contra funcionarios públicos federales, pese a que aún no existe una dependencia que trabaje con independencia e imparcialidad.

“La figura del procurador fue creada por Carranza en la Constitución de 1917, como alguien independiente. Pero el error fue que el presidente lo nombraba y lo removía libremente. Y así terminó convirtiéndose en un empleado del presidente, y el presidente se terminó convirtiendo -entre otras muchas de sus funciones- en el procurador, en el fiscal. Esto fue un desastre: llevar la procuración de justicia al ámbito del ejecutivo y dejarla como en los tiempos de Porfirio Díaz”, detalló.