Están perdiendo credibilidad los errores no forzados en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Así como los fallos de la Subprocuraduría Anticorrupción de Ernesto Canales son asociados a supuestos pactos con el ex gobernador Rodrigo Medina, los errores en la confección del presupuesto del equipo de Carlos Garza acrecientan la percepción de que el gobernador prefiere quedar en posición de vetar el proyecto de presupuesto que elabore el Congreso.

En este plano se explica la llegada a la negociación de Manuel González en lugar de Fernando Elizondo. El primero suele ser tratado con hostilidad por parte de los diputados del PRI y del PAN en el Congreso estatal.

Errores en los cálculos de amortización de deuda, participaciones para los municipios y cambios en las partidas de gasto impulsan al PAN a reclamar que el presupuesto se discuta desde cero.

Si el gobernador veta el proyecto del Congreso la ley señala que se aprobará el presupuesto de 2016 con un agregado acorde a la tasa anual de inflación. La semana pasada el diputado Samuél García (Movimiento Ciudadano), precisó que el Estado dejaría de percibir alrededor de 10 mil millones de pesos con el veto del mandatario.

Sin embargo en la bancada del PAN que coordina Arturo Salinas - férreo opositor al Bronco - sospechan que al gobernador le serviría el veto porque tendría un presupuesto de gasto sin etiquetar lo cual le otorgaría una flexibilidad con la que el proyecto actual no cuenta. Una flexibilidad que además sería valiosa en caso de una aspiración presidencial.

Esta situación le evitaría al Bronco conflictos con los sectores de restauranteros (impuesto al tabaco), casinos (impuesto a los premios) y le permitiría sostener el nivel actual de la tenencia que el Congreso pretende reducir.