El debate sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado ha generado mucho ruido entre las propios autoridades militares. Las denuncias por su participación en polémico operativos como Tlatlaya y las denuncias inciertas pero constantes por su presunto rol en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa generaron incluso roces con Los Pinos.
Para los militares, su participación en la seguridad interior se convirtió en una verdadera piedra en el zapato, no sólo por los costos en vidas de sus soldados sino también por las denuncias y señalamientos sociales que lastima a una institución que goza todavía de buena valoración en la opinión pública.
La presión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, fue sin duda uno de los puntos más calientes en la relación con el Gobierno, que en ese momento decidió salir a agradecer la ayuda de las Fuerzas Armadas, al tiempo que concedió únicamente al Ministerio Público Federal la potestad de realizar esos interrogatorios.
Desde entonces, Salvador Cienfuegos y Miguel Ángel Osorio Chong empujan un proyecto que les de marco jurídico a sus intervenciones. Existen al menos dos grandes iniciativas en este momento, una en el Senado del panista Roberto Gil Zuarth y otro del oficialismo en la Cámara de Diputados, presentada por César Camacho.
"Diez años de la lucha contra las diversas organizaciones criminales que operan en México, es necesario que se establezca un marco jurídico para definir las funciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, debido a que quienes forman parte de dichas corporaciones, no estudiaron para perseguir delincuentes", dijo esta mañana Cienfuegos, y volvió a colocar el tema en la agenda.
Y en una amenaza velada, agregó: "Estamos pendiendo que se regularice la actuación de las fuerzas armadas. Qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas, si quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales".
Las palabras de Cienfuegos repercutieron fuerte en el Gobierno y también en la iniciativa privada. De hecho, el titular de Coparmex Gustavo De Hoyos se reunió esta mañana con Miguel Ángel Osorio Chong y uno de los pedidos fue justamente por esta iniciativa de ley. En conferencia de prensa, el empresario y el titular de la Segob exhortaron al Congreso a aprobar el proyecto.
"Coincidimos con el General Cienfuegos en la importancia de que el Congreso apruebe esta ley. Comprendemos la urgencia. Es un tema que ahora depende de los legisladores. Les pedimos respetuosamente que se discuta y se resuelva en la mayor brevedad", declararon.
Las iniciativas
El proyecto de César Camacho Quiroz -y su compañera de bancada Martha Sofía Tamayo- propone distinguir la seguridad nacional de la seguridad interior, y prevé la participación del Ejército y la Marina que serían solicitadas por el Presidente -o por petición de las Legislaturas de las entidades- y coordinadas por la Secretaría de Gobernación. Esta iniciativa cuenta con el apoyo explícito de Cienfuegos.
La propuesta habilitaría que militares y marinos puedan combatir delincuencia organizada y corrupción, e incluso hacer uso de cualquier método de recolección de información y obligaría a las instituciones gubernamentales, así como a los órganos autónomos, a proporcionar información.
Entre las amenazas concretas que ameritarían la intervención del Ejército y la Armada se consideran fenómenos por cambio climático, corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros.
En el Senado, el panista Roberto Gil Zuarth también presentó un proyecto similar: mandata la creación de un Comité de Seguridad Interior que será parte del Consejo de Seguridad Nacional ya en funciones.
Gil Zuarth establece que dentro del Comité de Seguridad Interior deberá participar el Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, asegurando así un papel relevante del Poder Legislativo en la definición tanto de la política de seguridad.
Este rol del Congreso queda confirmado con un punto clave: otorga al Senado la facultad de declarar por terminada una intervención de las Fuerzas Armadas en casos de perturbación a la seguridad interior, acaso el punto que más disgusta al Ejército, pues sus intervenciones ahora quedaría en medio de las pujas políticas de la Cámara Alta.
