narcotráfico
“Últimos años de Calderón, los más altos en violaciones a derechos humanos”
Luis Raúl González informó que el segundo trienio del inicio de la lucha contra el narco representó el pico en alertas para la CNDH.

A una década de distancia del primer balazo que dio inicio a la guerra contra el narcotráfico, los cuerpos policiacos que deberían garantizar la seguridad del país y prevenir el delito, son los organismos del gobierno más infiltrados por las organizaciones delictivas y los peor calificados en lo que se refiere a la confianza en su desempeño y lealtad. Así lo cree el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

“En estos 10 años se incorporó a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Las policías se vieron rebasadas en zonas donde se dio una colusión con el crimen organizado. Pero la intervención tiene que ser limitada en términos de tiempo. La autoridad civil es la que tiene que encargarse. Ha sido insuficiente el trabajo para profesionalizar a las policías. Se han destinado muchos recursos y no tenemos policías locales confiables”, declaró a El Universal Luis Raúl González.

A pregunta expresa del rotativo de circulación nacional sobre el impacto de la estrategia del combate a las drogas en materia de derechos humanos, el ómbudsman mexicano que los “años de mayores violaciones a los derechos humanos fueron 2010, 2011 y 2012. En 10 años ese es el pico”. El trienio corresponde precisamente a los últimos años de la presidencia del panista Felipe Calderón, quien hoy promueve la candidatura presidencial de su esposa, Margarita Zavala.

2010, 2011 y 2012 fueron los años de mayores violaciones a los derechos humanos. Precisamente a los últimos años de la presidencia de Felipe Calderón.

Por lo que, de acuerdo con el funcionario, la petición que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, debe considerarse a profundidad, pero en medida alguna recomienda que regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

“Me gustaría decir que sería deseable que ya regresaran, pero las condiciones en el país no están para eso, hay que ser realistas. Otro derecho humano es la seguridad, de ahí la necesidad de las Fuerzas Armadas [en las calles]. Es una realidad, pero tiene que estar acotada en términos de quién debe conducirla. Hay que darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, pero con límite en los derechos humanos. […] Estamos mal en desapariciones, pobreza y desigualdad”, señaló el ómbudsman.

El diagnóstico general en 10 años

No obstante, el ex abogado general de la UNAM aseveró que como titular de la CNDH ha resultado "incómodo" cuando ha actuado con firmeza en el caso de situaciones que de una u otra manera alguien no quería que tuvieran una visibilidad nacional.

"Sí, he sido incómodo. Estoy seguro que no gusta que se diga la verdad, como el caso Tanhuato, para el que espero que haya justicia. Se nos ha querido descalificar alegando muchas veces que defendemos delincuentes. Eso es desviar la atención y confundir a la opinión pública. Lo que hacemos es observar que se cumpla con la ley. Nosotros no nos oponemos al uso legítimo de la fuerza, de acuerdo con criterios de racionalidad y proporcionalidad", advirtió.

 Además, la tortura y los maltratos de parte de funcionarios públicos “siguen estando presentes. Las quejas crecieron este año”.  

Por último, al ser cuestionado sobre el dignóstico desalentador de la vida interna del país, Luis Raúl González hizo un balance de la realidad en cuanto a protección a las libertades durante estos 10 años.

"Tenemos claroscuros en el tema de derechos humanos. […] El avance normativo es bueno; sin embargo, muchos de esos contenidos no se aplican en la cotidianidad. Vemos rezagos, brechas salariales entre hombres y mujeres, violencia contra las mujeres, temas tan lacerantes como la desaparición y fosas que se están encontrando. Es dramático ante la insuficiencia investigatoria del Estado que los colectivos de familiares se han impuesto en la búsqueda. Vemos intolerancia cuando no se reconocen los matrimonios igualitarios. Hay una falta de consulta en las comunidades indígenas cuando hay proyectos que pueden afectar su cosmos. Seguimos observando detenciones arbitrarias. No hemos hecho realidad las leyes en su extensión”, dijo.

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