Manuel González transmitió lo que se conversó en la reunión del círculo primario del gobernador hoy jueves por la mañana: el Estado va a litigar en los tribunales contra aquellos que vayan contra los impuestos que acaba de aprobar el Congreso en el marco de la discusión del presupuesto 2017.

La contienda será en la justicia de la Federación, que es donde ya el gobernador sufrió duros reveses cuando comenzaron a desmoronarse los casos contra Rodrigo Medina y Margarita Arellanes. Ahora el próximo capitulo será en la materia administrativa.

Comerciantes y empresarios son los que se van a oponer al alza en los impuestos y según comentan en instancias judiciales, tienen buenas chances de lograr medidas a su favor especialmente por la modalidad que utilizó el Congreso para decretar esos impuestos. La desesperación de los alcaldes por los recursos impidió a los diputados locales revisar la letra chica que es la que ahora utilizarán quienes se presenten ante la Justicia.

El momento no es el ideal para el gobernador porque lo encuentra distanciado de Carlos Arenas, que preside el Poder Judicial del Estado pero que es un técnico de amplia experiencia y que podría orientar al gobernador en su batalla por los recursos.

Hasta el  momento siete asociaciones de vecinos de San Pedro Garza García acordaron pagar bajo protesta el predial para luego poder ampararse, ante el incremento de hasta 80 por ciento en los valores catastrales definido por Mauricio Fernández.

 "El Gobierno de Jaime Rodríguez tampoco será, nunca lo será, un Gobierno que busque, mediante medios represivos, lograr el cobro de la Tenencia o de ningún otro impuestos. Si es que hubiese demandas de amparo, justas o no, nosotros nos tenemos que defender", señaló González.