Llegó enero y de golpe una serie de incrementos que pegarán directamente al bolsillo de la ciudadanía: gasolinas, luz y transporte público. La indignación no esperó y el 1 de enero se hizo evidente en las calles. Los economistas explican desde perspectivas técnicas estos incrementos pero acaso también pueda tener una lectura política.

¿Por qué ahora? ¿Acaso el gobierno no pudo haber dosificado este incremento? Para los economistas esto era inevitable en un entorno complejo por diversos factores. Recordemos que ya para el último mes del 2016 las perspectivas para la economía económica eran más bien negativas.

El factor Trump, caída en la plataforma petrolera, debilitamiento del peso frente al dólar y una deuda que va en incremento fueron factores que presionaron al gobierno, que con todo ello en contra busca sacar un paquete fiscal que promete, entre otras cosas, alcanzar un superávit y no más impuestos.

Se ve difícil. En el mercado se ha puesto en duda en todo momento que se logren los objetivos o se tendrá que recurrir a más y más recortes, mientras, las expectativas de crecimiento económico para este año fueron recortadas por los especialistas.

En medio de eso estos incrementos que tendrán impactos importantes en la inflación. Ya de entrada para enero esperan que se ubique arriba del 4%, por arriba del objetivo del Banxico de México que había por un par de años.

Todo ello sin duda tiene un costo político para el gobierno, coinciden economistas en diálogo con La Política Online, que desde esta perspectiva consideraron que esta vez pudo más la presión en las finanzas públicas que por el daño político que podría implicar para las elecciones próximas.

“Realmente no creo que el gobierno estuviera pensando en los costos políticos como en el tema fiscal para este año”, señaló Alejandro Cervantes, analista de Banorte.

En la misma línea, Arturo Carranza, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) consideró que estos incrementos obedecen a una cosa: “un 2017 muy complejo en finanzas públicas para México”.

En ese punto Carranza coincidió con el economista Julio Soto, de Consultores Internacionales al señalar que lo ideal hubiera sido que se diera un incremento gradual pero los dos afirman que las condiciones no lo permitieron.

“El 2017 lo agarra en una posición económica no la mejor, tiene una deuda muy alta, hay mucha volatilidad y para hacerle frente, es tan complejo que ha decidido absorber los costos políticos, que son justificables pero tienen costos muy altos”, agregó Carranza.

Pero el gobierno pudo haber tenido otra estrategia, advierten ambos analistas y critican la falta de sensibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto al momento de hacer estos incrementos o hacer esfuerzos mayores en términos de transparencia.

“Estas decisiones tienen que ir acompañadas de un esfuerzo del gobierno, por ejemplo, dar claridad sobre el destino de lo recaudado, que podría ir a algunos programas. La irritación de la gente es porque los recursos no se gastan donde se tienen que gastar”

y en ese sentido consideró que a este gobierno le hace falta “hacer política con oficio”, que además, apunta, le allana el camino a la oposición, sobre todo a López Obrador, “que es sin duda un político con oficio”.