A contracorriente del Pacto Económico que presentó el gobierno federal en conjunto con el sector empresarial para contener la inflación ante el gasolinazo, la Coparmex presentó un plan alterno “sin objetivos políticos”.

Su presidente, Gustavo de Hoyos, anunció tres medidas para impulsar la economía familiar y la creación de un empleo digno; mejorar las finanzas públicas y promover la macroeconomía y promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.

En su propuesta, la confederación resalta que en 2016, los recursos excedentes del IEPS que recaudó el gobierno fueron 29.3% mayores a lo esperado, es decir, 67,000 millones más, que junto a la venta de petróleo pueden ser utilizados para la reducción de los precios de la gasolina.

Hace énfasis también en recortar 37 programas sociales duplicados y que fueron identificados por la Coneval. Se estima que en 2017 se gastan más de 200,000 millones de pesos en estos programas, incluyendo algunos que tienen un alto riesgo de ser clientelares como los comedores comunitarios”, señaló.

Y no desaprovechan para meter una solicitud por la que tienen ya tiempo pujando y que fue desechada en el paquete presupuestal: aprobar la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales.

También se unen a la exigencia de un Consejo Fiscal, como han pedido organismos internacionales y otros partidos políticos, pero rechazado por Luis Videgaray, cuando estaba al frente de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente piden medidas más contundentes para reducir la violencia y la corrupción en el país, que incluye imponer sanciones fiscales a los estados.