Cuentas oficiales en redes sociales del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de un alcalde independiente y de varios legisladores de Acción Nacional y el PT, son señaladas como las promotoras más importantes de protestas contra el gasolinazo por la Policía Federal (PF), informó en su edición de hoy El Universal.

“De acuerdo con el descontento por el incremento al precio de la gasolina, a partir del 1 de enero `se han desarrollado diversos actos en las diferentes entidades federativas, en las que se han manifestado conductas antisociales y delictivas´”, así que “los llamados a cometer actos vandálicos o toma de vías de comunicación difundidos en las redes sociales incitaron `a la población al desarrollo de saqueos y marchas dentro de los diferentes estados, lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y antisociales´”, se lee en el reporte que los logotipos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la PF.

En correspondencia con un análisis criminológico de la División Científica de la PF, junto a los perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de López Obrador, el senador por Morena, Mario Delgado; la diputada local de Chihuahua por el PAN, Blanca Amelia Gámez; el diputado local del Estado de México por el PT, Óscar González Yáñez; el presidente municipal de Parral (Chihuahua), Alfredo Lozoya Santillán; y el activista social Gerardo Fernández Noroña (ex diputado del PT, y quien usó Periscope), son los nodos que concentraron las convocatorias para realizar marchas o acciones en al menos 25 estados de la república, entre las cuales, el Estado de México destacó sobre las demás, porque se reportaron casi 60 eventos que “impactaron en las actividades de la población en general”, publicó hoy el rotativo, quien tuvo acceso al reporte de la CNS.

Los llamados a cometer actos vandálicos o toma de vías de comunicación difundidos en las redes sociales incitaron a la población al desarrollo de saqueos y marchas dentro de los diferentes estados, lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y antisociales.

Los documentos de inteligencia policial informan que, a partir de los hechos del 1 de enero en contra del aumento al precio de las gasolinas, se registraron “237 eventos de alto impacto y reconocimiento social” (como marchas, saqueos, bloqueos a vialidades, tomas de gasolineras, retención de unidades de Pemex y distribución ilegal de combustibles en al menos 25 entidades), donde en al menos siete estados sigue presente un “alto nivel de riesgo para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas”. Se trata de los estados de Chihuahua, Michoacán, Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México y, principalmente, el Estado de México.

“El Estado de México se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad crimino-delictivo como victimológica, puesto que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como de instituciones y dependencias de gobierno [...] generando un grado de peligrosidad y de vulnerabilidad latente para la población, en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona centro, en la Ciudad de México y el Estado de México”,  plantea el análisis de inteligencia policial.