Fernando Elizondo compartió una larga reunión a solas con Raúl Cervantes en la PGR. La semana próxima le pedirán un nuevo encuentro. El motivo: explorar la posibilidad de que Rodrigo Medina o alguien de su entorno directo sea detenido en los próximos días. Jaime Rodríguez Calderón cree que el reciente revés judicial que sufriera su antecesor podría ser una pista de que para el Gobierno ya no es estratégico defenderlo.

Cerca del Bronco están convencido de que, en el peor momento de su gestión, detener a Medina revitalizaría sus chances en la carrera presidencial de 2018. De hecho, una aritmética que le han mostrado al gobernador dice que solo con la detención este ganaría 10 puntos en las encuestas.

El caso Medina se ha vuelto un boomerang para el Bronco porque al impetú inicial le siguió una serie de desinteligencias en el proceder judicial que hicieron que todas las acusaciones quedarán estancadas. Incluso agitaron la percepción de que había un acuerdo entre el Bronco y Medina.

Para Los Pinos es una situación compleja porque si bien existen compromisos con Medina, también es una realidad que Luis Videgaray (ahora de regreso al gabinete) siempre defendió la idea de avanzar contra Medina como una vía para que el Gobierno construya capital político. Por eso le ordenó al entonces jefe del SAT Aristóteles Nuñez investigar a Humberto Medina.

Existe otra cuestión paralela: en Los Pinos saben que es muy posible que la justicia de Estados Unidos vaya tras los Medina a partir de la información que facilite Luis Cervantes, empresario preso en Texas por lavado de dinero. LPO reveló que Humberto busca un abogado en Dallas por este tema.

La aparición de Elizondo en este tema indica un cambio de timón ya que deja de figurar Manuel González, su rival dentro del gabinete en una negociación muy sensible con la Federación. Para Elizondo hay un condimento adicional ya que Medina le ganó la elección por la gobernación de Nuevo León.

El coordinador del Ejecutivo interviene así en un aspecto que también le sirve para revitalizar al subprocurador Ernesto Canales, que es señalado como inoperante por las bancadas del PAN, PRI y MC.