Entre mañana o el viernes el IFT emitirá la licitación para la concesión de la banda 700 MHZ que implicará el despliegue y operación de la red compartida, es decir, el proyecto del gobierno para ampliar la cobertura de la banda ancha en el país.

Ello significa que el regulador concederá el titulo para la asociación pública-privada a Promtel (del gobierno) y Altán (la firma privada). Una concesión no exenta de controversias y de dudas en el mercado de las telecomunicaciones.

El proyecto por la red compartida es un experimento sin procedentes que implementará el gobierno mexicano para poder hacer universal la cobertura de Internet, con la expectativa de que en el 2021 se llegue al 85% del país.

Al menos ese es el compromiso que hace Altán al gobierno y lo que además de incrementar la cobertura a 40 millones de mexicanos que no están conectados, también genera la promesa de mejorar los precios.

Sin embargo su implementación presenta grandes retos. Para los expertos de las telecomunicaciones es difícil predecir si tendrá o no éxito, al no tener un punto de comparación. Aunque le conceden el beneficio de la duda. 

“Este fue el único modelo que encontró el gobierno mexicano para poder dar servicio a otros operadores donde no han invertido y hacer universal la cobertura, considerando que el actor preponderante no tiene incentivos para invertir”, explicó consultado por LPO el analista Jorge Bravo, de MediaTelecom Policy and Law.

Explicó que ello fue una resolución que se tomó en el contexto de un país con 12 años en que el gobierno abandonó su capacidad rectora, dejando de lado toda política pública para el despliegue de la banda ancha y la falta de regulación en torno al tema de cobertura.

Cuartoscuro

Además de eso, el analista hace énfasis en las consecuencias de haber atrasado tanto la licitación que estaba programada para 2014. “Ahora el dólar está más caro, por lo que el despliegue también lo será”.

Y es que en ese entonces, el dólar rondaba los 17 pesos. Hoy en día nuestra moneda presenta sus peores caídas ante la divisa estadounidense, alcanzando casi los niveles de las 22 unidades y con posibilidades de ir en escalada, algo que dependerá mucho del discurso que dé Donald Trump el próximo 20 de enero, cuando asuma la presidencia de Estados Unidos.

Por otro lado, Bravo también apunta a la necesidad de mayor transparencia. Y es que esta licitación no estuvo exenta de problemas, hay que recordar el fuerte cruce que tuvo el gobierno con Rivada Networs, cuando al ser descalificada del proceso, empezó una campaña de descalificación al gobierno, y al proceso mismo.

Sin quitar el dedo en el renglón, ahora esta empresa afirma que parte del capital de Altán proviene de capital del gobierno chino, lo que lo haría ilegal. Sin embargo, Bravo explicó que, si bien hay capital del país asiático, no proviene del gobierno, “no es un fondo soberano”

Sin embargo, Bravo señaló que estos temas podrían bien evitarse con mayor transparencia por parte de la SCT y así, no haya espacio para dudas en este tipo de procesos.