En una estrategia para darle un motor económico a México, el Gobierno lanzó un nuevo esquema de repatriación de capitales, sin embargo, es un tema que pone cierto riesgo a la lucha del gobierno materia de prevención de lavado de dinero, dicen expertos.

El tema toma relevancia pues en los próximas semanas el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evaluará nuevamente a México y el decreto que firmó Enrique Peña Nieto estará entre los primeros temas a revisar. Este organismo con sede en París depende del G-20 y fomenta prácticas contra el lavado de activos en todo el mundo.

En diálogo con La Política Online, expertos explicaron los retos a los que se enfrentará México. Sobre todo reconociendo que la falta de experiencia en el procedimiento de información ha significado un problema que el país aún tiene que resolver y que ahora enfrentará también este nuevo decreto.

A partir de estas evaluaciones del GAFI, al que México se integró en el 2000, el sistema financiero mexicano ha tenido que implementar varios procesos en materia de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, la certificación de oficiales de cumplimiento y auditores externos que ayudan a prevenir el blanqueo de capitales en una institución financiera.

Avances y tropiezos

Desde el 2012  los especialistas ven un avance sustancial, pues se atendieron las recomendaciones en materia de operaciones vulnerables, es decir, todas esas que no pertenecen a grupos financieros pero que se prestan al lavado de dinero como juegos, sorteos, intercambio de obras de arte, etc.

También por parte de Hacienda se ve una operatividad positiva, prudente y sobre todo, se destaca que desde que México se sometió a esta evaluación en el 2000 –a la cual se ha sometido otras tres veces más- se ha invertido en la capacitación de las autoridades.

Pero también existen puntos débiles.  Herbert Bettinger, Socio Director de Bettinger Asesores definió que los  proceso implementados desde el Gobierno se han vuelto  ‘obsoletos’, y que es necesario ofrecer más certeza y ajustar los montos de las operaciones que se revisan.

“Todavía es temprano para determinar cómo ha rendido frutos las recomendaciones del GAFI. Hay un mayor control gubernamental pero aún hay dificultades en la manera de reflejar los resultados. Hay incertidumbre jurídica”, reflexionó Guillermo Larrea, Of Counsel de Jones Day.

A lo que se refieren es que en los requerimientos que solicita el Gobierno al momento de hacer operaciones financieras ven dos obstáculos: una sobrerregulación y falta de transparencia sobre la información ofrecida.

 “Las exigencias son amplias, debe ser mucho más simplificado. Pero además, tu das la información a una joyería, por ejemplo, te identificas y además notificas qué cantidad de dinero manejas y no sabes en realidad qué sucede después con esta información, quién se la queda. Eso genera mucha desconfianza”, señala el abogado fiscalista Bettinger.  

 Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México; José Antonio Meade, secretario de Hacienda y el presidente Enrique Peña Nieto.

Cuartoscuro

El otro tema es más bien jurídico y sobre ello, Larrea explicó que los informes que se piden a empresas y prestadores de servicios “son muy genéricos y los reportes eran muchos y terminaba involucrando temas legales”.

Sobre todo había una queja de que eran procedimientos que resultaban muy invasivos, que violaban decretos confidenciales. “Bajo estos argumentos se interpusieron un sinfín de amparos que derivaron en esquivar estos procesos”, puntualizó Larrea.

Finalmente, se refieren a los montos requeridos. “Los montos en México son menores, lo que se dispara sobre todo si se considera la paridad cambiara de nuestra moneda respecto a la de otros países, lo que propicia que las operaciones se maquillen”, señaló el experto de Jones Day.

Ahora también se pone sobre la mesa el nuevo esquema de repatriación de capitales que propuso Peña Nieto para dar un motor a la economía interna. Larrea explicó que esto es un tema sensible y que puede prestarse al lavado de dinero, sin embargo apuntó que puede controlarse.

“Fue un riesgo que decidió tomar el gobierno frente a la cuyuntura actual. La repatriación de capitales siempre es un riesgo pero el gobierno consideró que era necesario esta inyección”, apuntó.

Y se mostró positivo, al señalar que definitivamente estamos en la era de cumplimiento ante las recomendaciones del GAFI. “Actualmente contamos con más elementos para perseguir a estas organizaciones criminales. Y en cuanto al nuevo esquema del gobierno, está bien acotado, dirigido solo a pequeñas y medianas empresas. Habrá que vigilar”.