Continúa el pleito entre el Consorcio Rivada y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sigue vigente y ahora viene el ataque del gobierno mexicano que ya interpuso una demanda por difamación y daño moral.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia que comanda Gerardo Ruiz Esparza, interpusieron una demanda ante el Poder Judicial de la Federación por daños moral en contra del consorcio Rivada Networks SRL y su presidente Declan Gandley.

La demanda tiene la finalidad de cumplir con tres principales objetivos. En principio, que el Juez de Distrito ordene cesar la campaña de desprestigio, que Rivada pague una importante indemnización por su conducta ilegal, que deberá ser determinada por el Juez y finalmente, que éste obligue a Rivada a publicar en medios de comunicación y redes sociales, la aclaración de comentarios que la SCT califica como ‘falsos e insidiosos’.

“Con la certeza de que la demanda está sólidamente fundamentada en la Ley y conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCT prevé obtener un resultado favorable”, precisó la SCT.

Los cruces comenzaron a inicios de noviembre, cuando la firma quedó descañlificada de la licitación por la Red Compartida. Entonces la SCT argumentó que había incumplido con los requisitos, específicamente con la garantía de seriedad.

La empresa respondió con un ataque duro al gobierno y a la dependencia. En la cuenta de Twitter de Ganley se leía: “El proceso por la Red Compartida en México apesta".

Desde entonces, la empresa ha buscado por diversos medios echar abajo este proceso. Primero intentó imponer una demanda pero fue desestimada. Recientemente y de frente al otorgamiento de los tìtulos a las empresas acreditadas para arrancar la Red Compartida, acusó que Atlán contaba con capital del gobierno chino, por lo que era el proceso era ilegal.

Analistas y más tarde el propio IFT explicó que se trataba de un fondo regulado por el Banco Mundial, descartando completamente esta acusación.

Por su parte, la SCT inició desde diciembre acciones legales contra la corporación de telecomunicaciones Rivada Networks y contra Declan Ganley, CEO del consorcio, a través de la firma de abogados Jones Day, uno de los despachos de abogados más reconocidos y respetados en Estados Unidos.