El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, enfrenta una
severa crisis política por un escándalo que ya derivó en su imputación en una
causa por presunta corrupción, porque su gobierno firmó un acuerdo muy
perjudicial para el Estado con la firma Socma de su familia, por la fallida
privatización del Correo argentino.
Según la fiscal del caso, la administración de Macri perjudicó al Estado en unos 4.000 millones de pesos -250 millones de dólares- que aceptó condonarle a la familia del presidente y si se estira hasta el final de la financiación propuesta el perjuicio escalaría a los 70.000 millones.
El caso se origina en las privatizaciones de los 90 durante el gobierno de Carlos Menem. En esos años, el padre del actual presidente, el multimillonario Franco Macri se quedó con el Correo argentino. Luego de una desastrosa gestión, el Correo terminó en la quiebra y le dejó al Estado una deuda de unos 250 millones de dólares, cuando Néstor Kirchner le rescindió la concesión, abriendo juicios cruzados.
Ese juicio se extendió durante los tres mandatos de los Kirchner, hasta que apenas asumido Macri en menos de seis meses presenta una “nueva” propuesta, que le condonaba a su familia prácticamente el 98% de la deuda.
El caso comocionó a los argentinos y sacudió fuerte al Gobierno que luego de intentar ningunear el tema terminó enredado en declaraciones cruzadas de los funcionarios y con el presidente Macri escondido de la prensa, al punto que en un encuentro con gobernadores de la Patagonia, prefirió no participar del anuncio de un plan para la región, para que no le pregunten sobre el caso.
Pero todo se complicó este miércoles cuando el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, responsable directo del tema, a quien ahora hasta los propios diputados del oficialismo piden su renuncia por el alto costo político que le causó al Gobierno.
El caso le cayó como anillo al dedo a los seguidores de Cristina Kirchner, que embarcada en una pre campaña para postularse este año como senadora por la provincia de Buenos Aires, encontró en este escándalo un tema ideal para hostigar a Macri y desviar un rato la atención de sus propios casos de corrupción.
Desorientado, el gobierno de Macri comenzó ninguneando el tema –como hace cada vez que enfrenta un escándalo-, hasta que ahora desbordado, no sabe si esperar que la justicia finalmente anule el acuerdo y le saque de encima el problema, porque teme que si esto sucede agrave su propia situación en la causa. Está así atrapado entre la necesidad política en un año electoral de matar el tema rápido y el riesgo de complicar su situación en la causa.
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