Las críticas de la diputada Ivonne Ortega al Gobierno por el gasolinazo y su pedido de licencia como diputada federal del PRI finalmente tuvieron consecuencias. Al momento de su salida la ex gobernadora había pedido que todo su personal conservara el empleo y no fueran desplazados. Se trata de unas 30 personas ubicadas en diferentes dependencias de San Lázaro.

A poco más de un mes César Camacho, coordinador del PRI, ya despidió a unos 25. Interrumpió cualquier contacto con Ortega y ordenó a su círculo primario no contestarle las llamadas. Las declaraciones de Ortega contra el Gobierno, ya se da por descontado, van a ir en ascenso.

La decisión de Camacho fue cuestionada internamente por diputados del PRI que creen que por el carácter de Ortega es más fácil de neutralizar cumpliéndose ciertos acuerdos. Uno era el de mantener al personal.

En el momento más álgido del gasolinazo Ortega se despachó fuerte. Le dijo a LPO: “El presidente comentaba en uno de sus últimos mensajes que hay que cuidar la macroeconomía y hay que cuidar la estabilidad financiera de nuestro país, lo cual es correcto. Pero también hay que cuidar la microeconomía y la estabilidad financiera de los hogares mexicanos. Y para eso quien tiene que abrocharse el cinturón es el propio gobierno federal. No puede ser que un funcionario de alto nivel gane más en un mes que lo que una familia paga por una casa en 25 años”.

Actualmente Ortega recorre todo el país con su fundación y diferentes encuestas ya la ubican en la lista de los potenciales candidatos del PRI. El problema es que no tiene aliados en el gabinete y tampoco entre los priistas fuertes que están por fuera del Gobierno como Manlio Fabio Beltrones.