El escándalo internacional crece, y en México los principales apuntados intentan frenar la enorme bola de nieve que crece. Las autoridades de Pemex emitieron hoy un comunicado para informar que ya se encuentran colaborando con la Secretaría de la Función Pública para determinar cuál fue el "alto funcionario" que recibió más de 6 millones de dólares de sobornos de partes de Odebrecht.

"Pemex reafirma su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, actuando con la mayor prontitud y apego a la legalidad. Para la administración de Petróleos Mexicanos la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son valores fundamentales", dice un comunicado políticamente correcto.

El boletín asegura que la Unidad de Responsabilidades en Pemex realiza "un minucioso análisis" de todos los contratos celebrados entre Pemex y Oderbretcht. Y recuerda que ya se presentó una denuncia ante la PGR "en contra de quien resulte responsable, por posibles actos delictivos ocasionados".

La respuesta de Pemex llega después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmara irregularidades tras una revisión al contrato entre Odebrecht y Pemex Transformación Industrial que se firmó en 2014 para la construcción de un inmueble en la refinería de Tula.

Como explicó La Política Online, el escándalo de los sobornos de Odebrecht ya ha tenido consecuencias judiciales en gran parte de Latinoamerica y EU. El único país donde todavía no se registran movimientos en el plano judicial es México. En una corte de Nueva York se reveló que la constructora brasilera pagó sobornos a altos directivos de Pemex por 10 millones de dólares durante la gestión de Emilio Lozoya.

Ahora, la ASF consideró como injustificado un gasto por 120.8 millones de pesos de una residencia de obra del proyecto de aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula, el cual estaba subutilizado en un 95 por ciento. 

En su informe, la auditoría explicó que la petrolera nacional no proporcionó la documentación que funde y motive el costo y las dimensiones del inmueble, en razón de la densidad ocupacional. "Por lo que se considera que la entidad fiscalizada realizó un gasto injustificado en su construcción y por consiguiente, ello repercutirá en un alto costo del mantenimiento del inmueble para la entidad", resalta el documento.

LPO reveló semanas atrás que la preocupación crecía en el Gabinete de Enrique Peña Nieto. Se le pidió incluso al titular de la PGR, Raúl Cervantes, que intercediera ante Arely Gómez, porque los movimientos de la investigación en la SFP estaban avanzando demasiado rápido. Los Pinos no quiere que el escándalo termine de estallar antes de las elecciones de Estado de México.

Pero en el entorno de Arely revelaron a La Política Online que la ex senadora está decidida a tener resultados y que cada tanto repite el axioma de que "yo no voy a terminar como Andrade", que terminó muy cuestionado luego de sostener que en el caso de la Casa Blanca el presidente no había cometido ninguna irregularidad.