Una nueva anomalía detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2015 está en la gestión financiera del Senado, pues la Cámara Alta no rindió cuentas sobre una tercera parte del presupuesto total que ejerció durante ese año, de modo que no comprobó el destino de mil 206 millones 928 mil pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios.

En el Informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, apunta que la Cámara de Senadores ejerció recursos por un total de 4 mil 300 millones 561.5 miles de pesos para sus actividades legislativas, que recibió de la partida 39903 "Asignaciones a los grupos parlamentarios". El porcentaje revisado del total de recursos fue de 57.3%. 

El organismo cuyo titular es el contador Juan Manuel Portal, hizo énfasis en esa auditoría aplicada al Senado, pues al "solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los mil 206 millones 928 mil pesos, sólo se proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2015, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

"La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados con cargo a la partida 39903, ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios', no fue proporcionada, por lo que no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos", se lee en el boletín difundido por el órgano fiscalizador.

No obstante, lo anterior evidencia una falta de racionalización en el otorgamiento de recursos de carácter extraordinario, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al criterio de racionalidad, señala el ente fiscalizador.

 En términos generales, "la Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia" para transparentar dicho gasto. Por tanto, "no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos [que en el Senado] se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos", indica la ASF.