Apostó todo para que sea su bandera, su gran hito de gestión. Miguel Ángel Mancera quería que la Constitución del DF se convierta en su trampolín para desde saltar a su campaña presidencial. Y ahora la PGR avanza con impugnaciones a decenas de artículos. Su plan está en peligro.
Mientras funcionarios de su Gabinete siguen saltan hacia Morena, el Jefe de Gobierno recibió un nuevo revés, ahora propiciado por el procurador Raúl Cervantes. La PGR quiere eliminar varios artículos de la Constitución de la Ciudad bajo el argumento de que "es incongruente con la Carta Magna nacional".
"El Gobierno Federal no le quitará el logro a los capitalinos de tener una Constitución local avanzada. Lo que se tenga que revisar que se revise, qué bueno que sea un proceso que en su momento lo va a revisar la Suprema Corte. Pero el logro de esa Constitución no se lo quita nadie", dijo enojado el mandatario capitalino, apuntando directamente a Enrique Peña Nieto.
Y luego lanzó una propuesta difícil para los tiempos que corren: que sea la Constitución Federal la que se adapta a la Carta Magna de la Ciudad de México, y no al revés. "Si ahora la Suprema Corte dice: 'Esto debe adecuarse primero en la Constitución federal', pues que se haga la adecuación".
"Ahí van a quedar prendidos los focos rojos de lo avanzado del planteamiento de la Constitución de la Ciudad. La Constitución del país ya bien merece tener una nueva adecuación porque solo se ha venido remendando a lo largo del tiempo", concluyó.
La impugnación
El Procurador Raúl Cervantes formuló en su demanda 39 conceptos de invalidez, entre ellos la regulación en materia de derechos humanos, pues estima que "altera el sistema constitucional y convencional al que se encuentran sujetos en el Estado mexicano".
En particular, cuestiona el contenido relativo a las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa y secreto profesional. También plantea que la Constitución local invade la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de procuración de justicia, justicia para adolescentes y ejecución de sanciones, aguas nacionales, salubridad, política exterior y laboral.
La PGR impugnó además la regulación de la figura del Parlamento Metropolitano, el Consejo de la Judicatura y las alcaldías. Otro objetivo de la acción de inconstitucionalidad es la revocación de mandato porque, en opinión de la PGR, se establece como un sistema de responsabilidad de los servidores públicos sin sustento constitucional.
También plantea la invalidez de los requisitos para declarar la nulidad de una elección por no ser acordes con los que establece la Constitución federal.
Las fuentes explicaron que la Corte sumó la acción de la PGR a las presentadas en días recientes por el Poder Judicial de la CDMX, para impugnar la integración del Consejo de la Judicatura, y por Morena, que se refiere a la integración de la Asamblea Legislativa.
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