Raúl Cervantes ya ha presentado recursos ante la Suprema Corte contra la Constitución Política  de la Ciudad de México. El verdadero blanco del procurador por ahora permanece en un discreto segundo plano: Cervantes trabaja para invalidar la participación ciudadana en los procesos judiciales.

Esta innovación genera malestar en el máximo tribunal y así se lo han dicho a Enrique Peña Nieto dos integrantes del mismo. Le dijeron que si este modelo se inicia en la capital luego se replicará a todo el país y habrá un fuerte reclamo corporativo por parte de jueces y magistrados. El argumento principal es que México no tiene una ciudadanía robusta como para involucrarse en procesos judiciales y que todo podría ir a peor.

El mandatario, que en su momento de mayor debilidad requiere de no perder el apoyo de la Corte, tomó nota e instruyó a Cervantes para que embista contra la Constitución capitalina. Para el procurador es una misión afable porque ya cuando fue la Asamblea Constituyente se mostraba negado rotundamente a la participación ciudadana.

El punto de conflicto está en el artículo 35 del nuevo cuerpo normativo. Allí se dice que el Consejo de la Judicatura estará integrado por ciudadanos y que estos serán nombrados por el Consejo Judicial Ciudadano.

Esto irrita a los integrantes de la Corte que no son muy adeptos a los cambios, tal como se vio en el debate por el nuevo sistema penal acusatorio. El consejero jurídico del presidente Humberto Castillejos escuchó esta inquietud la semana pasada y ahora actúa en consonancia con su primo.

Cuentan en el tribunal que la más disgustada con la nueva Constitución es Margarita Luna Ramos quien por cierto también está cada vez más crítica del gobierno de Peña Nieto.