La ola de cuestionamientos a la figura de Elías Azar suma un nuevo capítulo. El magistrado que tantas veces ha sido criticado por "eternizarse" durante nueve años como la máxima autoridad del tribunal Superior de Justicia del DF fue propuesto como embajador de Holanda, el territorio sede de la máxima institucional de justicia del mundo: la Corte Penal Internacional de Justicia, en La Haya. 

Por eso, la decisión tomada por el presidente Enrique Peña Nieto de proponer a Azar no pasó desapercibida. "Creemos que esta nominación está pensada para poder tejer redes de influencia con el órgano de La Haya, desde el Gobierno Federal", señaló el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Rabindranath Salazar.

El presidente de dicha comisión no rechazó la posibilidad de que, con esta decisión, el Gabinete de Enrique Peña Nieto esté intentando influir para que se maneja la Corte Internacional no acepte las denuncias que recibió de ciudadanos mexicanos en torno a la causa Ayotzinapa.

"Es parte del rol que buscarían por estar salvándolo de pagar las consecuencias de sus acciones en el Tribunal local", afirmó Salazar, y agregó: "Le están dando una salida elegante ante las turbulencias que vive el Tribunal. Este premio habla de la calidad de relaciones de Elías Azar con el Gobierno de Peña Nieto, además de su alianza con Mancera".

Los senadores de la oposición aclararon que están pidiendo toda la documentación del magistrado para analizarla antes que Holanda de su respuesta sobre la postulación. 

"Llama la atención que tiene carrera diplomática ni cuenta con el perfil necesario para semejante lugar. No es común que a un magistrado le den una embajada", explicaron a La Política Online fuentes de la Suprema Corte.

"Son decisiones más políticas que diplomáticas. Como Fidel Herrera que se fue de cónsul en Barcelona, o el caso de Diego Gomez Pickering  que fue a Reino Unido. No cumplían con las condiciones pero fueron nombrados a dedo", dijo Salazar.

Para que la Corte Penal Internacional de La Haya inicie a fondo una investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas, debería considerar que el Estado mexicano no está respondiendo a las peticiones de Justicia. 

Por eso, en los últimos días desde el Gobierno se encargaron de aclarar que están cumpliendo con todas las observaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humos, que no se fue conforme con la colaboración de las autoridades del gobierno. 

"Como se ha hecho en innumerables foros, nacionales e internacionales, subrayamos el compromiso absoluto de garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos", informaron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación y la PGR en un comunicado conjunto. 

También reiteraron la invitación a la CIDH y a los representantes técnicos del Mecanismo de Seguimiento al caso "para que acompañen las reuniones de trabajo que se llevan a cabo entre altos funcionarios del Estado, los padres y sus representantes".

Elías Azar transitaba días difíciles en su cargo, luego que la Asamblea Constituyente incluyera un Consejo Ciudadano para la conformación del Consejo de la Judicatura, que controla a los magistrados de la Ciudad. Se trata de un punto polémico que generó malestar en la propia Suprema Corte, y que Mancera estaría dispuesto a suprimir.

"No estoy de acuerdo con el tema del Consejo Ciudadano, ni en que se meta a la Asamblea Legislativa en la vida interna del Tribunal, pues es un riesgo la llamada ciudadanización del Poder Judicial. También se nombrará así al fiscal: es decir, se decidirá en el mismo espacio al que acusa y al que juzga ", había dicho Elías Azar.