El debate por las licencias de taxi que Enrique Ochoa maneja en Monterrey y que Jaime Rodríguez Calderón busca suspenderle suma nuevos capítulos. Ayer miércoles los diputados estatales del PRI cuestionaron a Jorge Longoria, titular de la Agencia Estatal de Transporte pero desde la Ciudad de México se alista un golpe más rotundo: filtrar en medios de comunicación la relación entre Longoria y empresarios casineros del estado.

En el pasado Longoria trabajó en el municipio de Monterrey donde por sus funciones debía ocuparse de la habilitación de casinos. Se trata un mundo truculento en la política del Estado y que tiene vasos comunicantes con la política. El ataque que el líder nacional del tricolor prepara viene por ese flanco.

Hay más:  en el CEN del PRI ya están sobre la pista de un familiar de un importante empresario del Estado que aportó a la campaña electoral del Bronco en 2015. Ese pariente tendría múltiples licencias de taxis en el Estado.

Longoria puso en marcha una maquinaria que puede salirse de control. Los taxis en Monterrey en varios ocasiones están ligados al financiamiento de campañas políticas y a bandas del crimen organizado. Y además hay flotas enteras que son propiedad de influyentes hombres de negocios.

Longoria reveló que el hermano de Ochoa también podría tener licencias operando en el Estado.