La decisión ya está tomada en los máximos niveles del Gobierno: Enrique Peña Nieto avisó al procurador general Raúl Cervantes que se van a disolver los contratos de Odebrecht en el país y que espera resultados de sus indagatorias con ex directivos, entre ellos, Emilio Lozoya. 

La directiva vino acompañada de la decisión de que en el mes de junio la PGR proceda a revelar todos los vericuetos del caso que estalló en una corte de Nueva York. Esa información llegará desde la justicia brasileña y el capitulo mexicano de la trama promete ser explosivo. Antes de hacerlo público la PGR procederá a vincular a proceso a los señalados.

De este modo, México se suma a otros países del continente que cancelaron las obras de la multinacional brasileña cuyo dueño, Marcelo Odebrecht, está en la cárcel por haber instalado el sistema más grande de corrupción de la historia del continente.

Una medida similar a la de Peña Nieto ya había tomado Perú, que suspendió el proyecto de riego Chavimochic y dos concesiones viales y Colombia, que suspendió el contrato de la carretera Ruta del Sol II.

En cambio, en Argentina el presidente Macri no suspendió los contratos de Odebretch para construir los gasoductos en Córdoba ni canceló el soterramiento del tren Sarmiento, ambas obras en las que la empresa brasileña está en sociedad con Iecsa empresa que acaba de vender Ángelo Calcaterra, primo del presidente e involucrado en el caso.

Un dato que expresa la situación actual: Lozoya, según comentan desde Los Pinos, está desesperado por ver al presidente quien se niega a darle cita. El mandatario ha descubierto muchos aspectos que hasta ahora ignoraba. Ese encuentro parece difícil. Giros del destino: cuando Lozoya capitaneaba Pemex era casi imposible que un proveedor o contratista accediera a su oficina. Era necesario ser en extremo persuasivo.

Los dos primeros contratos a suspender corresponden a la refinería de Tula, por un total de 3,200 millones de pesos. Luego siguen en la lista, según pudo saber LPO, otros cuatro negocios. De concretarse, podría ser el fin de la compañía en México que ya ha pagado multas por todo el continente.

Estos contratos se concretaron entre el 2010 y el 2014, periodo que aparece en el expediente Odebrecht como el momento en el que la empresa brasileña entregó 10.5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos. La rescisión será un hecho porque serán ostensibles las violaciones a Ley Federal de Competencia Económica, dato que aportan desde la Secretaría de Economía.

El caso también afecta a la multinacional argentina Tenaris, que forma parte junto a Odebrecht del consorcio que se quedó con la mega obra del gasoducto Los Ramones.

LPO pudo saber también que la Secretaría de la Función Pública hizo una rastreo por toda la administración para encontrar otros convenios que no estén ligados específicamente a Pemex. Allí se habrían topado con algunas obras desarrolladas para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza. También se darían de baja esos contratos.

Para el Gobierno es una oportunidad, sería un golpe de efecto que se generen resultados a días de los comicios en Edomex para reflejar la pelea contra la corrupción y buscar reforzar el voto en los sectores medios.