El fiscal de Texas ya avisó a las autoridades mexicanas que el gobernador Greg Abbott quiere que Tomás Yarrington sea juzgado en su estado por fraude bancario y lavado de activos.  El argumento central que esgrime es que la operación de captura del ex gobernador fue organizada por el Departamento de Seguridad Interior, sin participación de agentes mexicanos. Abbot tiene además una estrecha relación con John Kelly, a cargo de dicha dependencia.

Yarrington tiene una historia de fuertes vínculos con Texas. Cuando fue gobernador trabó lazos con la familia Bush y quienes conocen la relación aseguran que era habitual que el mexicano asistiera a comidas en el rancho de Crawford.

Para la PGR de Raúl Cervantes el pedido de Abbot es una mala señal porque el procurador quiere utilizar el caso de Yarrington para incrementar su prestigio y avanzar posiciones en su ambición de ser fiscal general.

Abbot, por su parte, reclama al ex gobernador porque lo ayudará a reforzar su retórica anti-inmigrante. El gobernador republicano guarda un equilibrio muy calculado entre el concepto de seguridad fronteriza y el clima de negocios entre Texas y México que pretende, no se deteriore.

Yarrington es acusado en Estados Unidos de lavado de dinero por intermedio de entidades que no estaban a su nombre. Los cargos en México se deben a denuncias de fiscales estadounidenses de que el funcionario aceptó millones de dólares de los narcocarteles del Golfo y los Zetas "y de varios casos de extorsión o incentivos" e invirtió el dinero en propiedades en Texas.

Las denuncias civiles interpuestas por las autoridades estadounidenses sostienen que usó varias fachadas -negocios y personas- "para erigirse en un importante inversionista en bienes raíces por medio de varios mecanismos de lavado de dinero", según documentos judiciales.