El vacío legal que ha dejado la acción de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, en palabras del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, Alejandro Ramos Flores, sólo ha beneficiado a los delincuentes. Por lo que en su opinión, urge que se apruebe un Ley de Seguridad Interior que dé certidumbre ala Ejército en su participación en actividades de seguridad.

"La falta de claridad en las reglas que rigen a las distintas instituciones que participamos en este esfuerzo, de alguna forma es un beneficio para estas organizaciones criminales. Sin embargo, aquí lo importante es dar rumbo a la coordinación de las acciones de todo el Estado para enfrentar el problema de la mejor manera y trazar un rumbo en tiempos, espacios y acciones concretas que cada uno tiene que hacer...

"La participación de las Fuerzas Armadas, sin que exista esfuerzo por parte de las otras instituciones para consolidarse, fortalecerse, profesionalizarse, implica que nosotros sigamos con esta función, que parece subsidiaria, pero como dice, tenemos un tiempo importante en esa tarea y no hay rumbo para cuándo las otras instituciones podrán estar en condiciones de reasumir y participar en el esfuerzo del Estado", afirmó el también general de brigada de Justicia Militar a El Universal.

Asimismo, el general Ramos Flores insistió que debe aprobarse a la brevedad una legislación en la materia, porque mientras más tiempo pase y menos preparación y profesionalización se vea en las policías municipales, estatales y federales, las fuerzas Armadas enfrentarán cada vez retos más complicados que dependerán de una ley que los respalde.

"Es urgente [que se apruebe] porque mientras no haya esta ley de seguridad interior, no se establece claramente cómo vamos a hacer frente a una amenaza, como usted lo plantea, y lo cierto es que nos tiene contaminado el tema del combate al crimen organizado, una de las muchas amenazas que pudieran darse a la seguridad interior", aseguró.

Advirtió que en el Ejército "habrá el riesgo de que alguien pueda caer en la tentación" de la corrupción o la infiltración, pero aseguró que son los menos. En el mismo tenor, disculpó la violación a los derechos humanos como "equivocaciones", en su mayoría por el apremio y la prontitud de un operativo. A su vez se refirió a la tortura en los siguientes términos :

"La ley se presume que habla de legalidad y esta ley, que no es estado de excepción, que no suprime ninguna de las garantías de los derechos humanos previstos en la Constitución, no podría estar refiriéndose a métodos ilícitos, pero, los que piensan que se está dejando abierta para cometer actos ilícitos, que propongan que se le agregue, nada pasa si, para ser más precisos se le pone ahí: recolectar información por cualquier método lícito...

"Al Ejército le conviene regresar a sus cuarteles, porque las condiciones de normalidad se han recuperado, porque las instituciones responsables de atender cada uno de los aspectos tienen la capacidad para atenderlo... no porque se asuma que el Ejército en las calles constituya una amenaza o genere la violencia que se da en el país, sino porque eso significará que tenemos una condición de seguridad interior suficiente para que la atiendan las instancias responsables", concluyó.