La rivalidad dentro de la Casa Blanca entre Jared Kushner y Steve Bannon se traduce a la polémica por el ex gobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia. El yerno de Trump habría intervenido para que el Departamento de Justicia acepte que además de EU, la justicia mexicana también pueda juzgar al ex gobernador de Tamaupilas.  Así lo revelaron a LPO fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"La Procuraduría y el Departamento de Defensa están trabajando en conjunto las estrategias jurídicas a fin de que Tomás Yarrington enfrente a la justicia de ambos países, de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia", señalaron ambos países. 

El jefe de Estrategia de Trump no quiere que México intervenga. Defiende su postura desde la realidad de que Yarrington fue apresado por un equipo de agentes de Homeland Security sin la menor intervención de efectivos mexicanos. 

Además Bannon sigue defendiendo uno de sus argumentos centrales: todo lo que sea acciones contra políticos o empresarios mexicanos le sirve a Trump para consolidar sus bases electorales, especialmente ahora que el muro fronterizo luce cada vez más inviable.

Kushner, en cambio, está cada vez más cerca de la idea de que a EU no le conviene que el gobierno de Enrique Peña Nieto se precipite hacia la debacle, más ahora cuando Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas. Este concepto abarca la economía, la seguridad y también la política, como el caso Yarrington: a un gobierno acusado de supuestas prácticas corruptas le sirve poder juzgar a un ex gobernador de su mismo partido. 

El procurador Jeff Sessions está cerca de Kushner en esta idea de que México juzgue también a Yarrington a lo que se suma un detalle no menor: Sessions empatizó con Raúl Cervantes en la visita que le realizó en Washington.

Yarrington compareció ayer miércoles en la Corte de Apelación de Florencia, ante la cual rechazó los pedidos de extradición de EEUU y México. Originalmente, los acuerdos de extradición establecen que las autoridades italianas deben decidir a qué país sería extraditado, pero el acuerdo anunciado puede facilitar el dilema a la justicia italiana.

Los criterios formales utilizados en estos casos son la gravedad de los delitos y penas en cada país solicitante de extradición, los tratados en los cuales se basan, la temporalidad de los delitos imputados, y finalmente la nacionalidad y residencia habitual del acusado.