ciudad17.04.2017
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AMLO congela las sanciones a los diputados de Monreal para no mostrar grietas en la Ciudad
LPOBatres los denunció por sus votos en el presupuesto del DF. Ya se venció la fecha de definición.

En Morena saben, mejor que nadie, que los platos sucios es mejor lavarlos en casa. Y mucho más, cuando se está entrando en terreno electoral y todo parece indicar que el partido de AMLO continúa con grandes posibilidades de ganar por primera vez el Estado de México y quizás también, la presidencia en 2018.

En esta coyuntura, el juego que eligen jugar es el de correrse de los lugares comunes de los políticos. Entre ellos, mantenerse fuera del mapa de los conflictos que caracterizan a las internas de las fuerzas políticas tradicionales como el PRI, el PAN o el PRD. 

Como parte de un partido que promulga el "cambio" y el contraste con la politica entendida como un espacio de fuerzas en pugna e intereses individuales por sobre los colectivos, a Morena no le conviene mostrarse como un movimiento más del montón y mostrar sus peleas domesticas. 

Por eso, aunque hace ya dos meses anunciaron por lo alto que iniciarían un proceso de justicia interno en contra de seis legisladores de la Asamblea del DF por haber votado diferente que el resto de su bancada durante la definición del presupuesto 2017, ya se cumplieron los plazos y aun siguen sin manifestarse al respecto. 

Esto sucede sesenta días mas tarde de que un operador de Héctor Díaz-Polanco, miembro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, había informado a este medio que el oficio con la resolución del órgano interno de Morena, por el que Néstor Núñez López, Aleida Alavéz Ruíz, Juan Jesús Briones Monzón, Darío Carrasco Aguilar, Juana María Juárez López y Luciano Tlacomulco Oliva podrían perder sus derechos partidistas hasta por un año, seria inminente. 

En dialogo con algunos de sus protagonistas, La Política Online confirmó que quienes están acusados están tan sorprendidos como la prensa, ante este silencio sepulcral luego de expresas intensiones de dilapidar la imagen de los legisladores. 

"Tenían treinta días hábiles para decidir qué hacer con nuestra situación en el partido. Habían amenazado tanto con suspendernos momentáneamente o quitarnos nuestros derechos partidarios, por el simple hecho de no haber levantado la mano en favor de las directivas de Marti Batres, como lo hicieron otros colegas de nuestra bancada. Sin embargo, siguen sin definirse sobre este punto, lo cual habla más que de una omisión, de una acción especulativa", señalaron algunos de los implicados.

La maniobra legal se había dado respaldada por el antecedente de la diputada local Raquel Esther Sánchez de Chiapas -en oposición al resto de su bancada- había votado a favor del presupuesto anual del estado, por lo que el partido había suspendido sus derechos partidistas por 12 meses.

En ese caso, Víctor Suárez Carrera, Adrián Arroyo Legaspi y Díaz-Polanco habian concluido que la legisladora chiapaneca violó la normatividad del partido al apoyar -de este modo- a la administración de Manuel Velasco.

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