El Senado va a finalizar uno de los periodos más improductivos de los últimos años. A menos de una semana de que finalice la actividad, en el mejor de los casos la Cámara podrá avalar a 19 embajadores requeridos por Luis Videgaray. Fuera de eso no habrá fiscal anticorrupción, ni ley de desaparecidos y al parecer tampoco una nueva ley General de Archivos, iniciativa que PAN, PRI y PRD elaboran desde noviembre del año pasado.

La norma consiste en que decenas de documentos oficiales se vuelvan públicos de manera irrestricta una vez que pase el tiempo correspondiente. El problema de esta característica tiene que ver con todos los documentos relativos a seguridad: las Fuerzas Armadas no están conformes con esta ley y tampoco lo está Miguel Ángel Osorio Chong.

El secretario de Gobernación ya le remitió a Emilio Gamboa un listado con numerosas observaciones. Según entienden en Segob, la intención del Senado no es mala pero el problema es que los expertos consultados aportaron criterios muy amplios de transparencia sin legar a manejar los puntos más cruciales de temas de seguridad. Ese dato no se vería compensado con el hecho de que el Archivo quedaría bajo la órbita de la Segob.

A las reuniones de trabajo acudieron integrantes del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación (AGN), académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de El Colegio de México y otras instituciones. 

En esos encuentros se repetía hasta el cansancio que el objetivo de la nueva norma era que el AGN sea un organismo descentralizado no sectorizado y que no haya injerencia de partidos políticos en su actuación.